IÑAKI ELLAKURÍA – Vic

El ultraderechista Josep Anglada apoya la medida, pero la considera aún insuficiente
El gobierno municipal de Vic, formado por CiU, PSC y ERC, decidió ayer seguir adelante con su polémica intención de no empadronar a aquellos inmigrantes que no dispongan de permiso de residencia o de visado. En un pleno que suscitó una gran atención mediática, y al que asistió el secretario general de ICV, Joan Herrera, los tres grupos del gobierno avalaron que el Consistorio niegue el padrón a los sin papeles.A pesar de ello, el equipo de gobierno manifestó que pedirá un informe externo y que si se demuestra la ilegalidad, retirará la propuesta.

Pese a las numerosas voces que se han alzado contra el plan municipal, nadie del gobierno presidido por Josep Maria Vila d´Abadal (Unió Democrática) modificó un ápice su posición. Los tres grupos se mostraron favorables a una medida que, aseguraron, busca mantener las políticas de “cohesión e integración” puestas en marcha en esta ciudad, de 40.000 habitantes y un 25% de población inmigrante, y rechazaron votar en el pleno de ayer la moción de urgencia presentada por el edil de ICV. Sólo en el turno de ruegos y preguntas se entró en el tema, y sin votaciones se pospuso el debate hasta el próximo pleno, que se celebrará el 3 de febrero.

Durante su intervención, el alcalde Vila d´Abadal puso especial énfasis en señalar que el Consistorio no quiere aplicar una ley “propia”, sino que ha desarrollado una “instrucción interna” en el proceso de empadronamiento, acogiéndose a la legalidad que dispone el artículo 25 de la ley orgánica 4/ 2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros, con el fin de “mejorar la cohesión social de la ciudad y para trabajar en el sentido del orden y la convivencia”. Josep Burgaya, del PSC, partido cuya dirección se ha desmarcado de esta iniciativa, destacó que esta cumple “estrictamente la legalidad” y que es una medida que busca la “integración plena, bajo la filosofía de que debe haber igualdad de derechos e igualdad de deberes”. Burgaya destacó que Vic se ha caracterizado por el gran número de iniciativas en favor de la integración. Joan López, de ERC, señaló que en el último año el Ayuntamiento de Vic ha hecho un gran esfuerzo al empadronar a 882 nuevas personas pese a que la ciudad vive un proceso de “estrés social” y que los ciudadanos reclaman que haya “mayor equilibrio interno”.

Entre los partidos de la oposición, la ultraderechista Plataforma per Catalunya, que cuenta con cuatro concejales, liderados por Josep Anglada, apoyó la medida aunque lamentó que esta sea insuficiente. Asimismo, y en tono irónico habló de “regalo”. Anglada agradeció al alcalde toda la polémica que se ha suscitado en los últimos días, ya que, aseguró, ha logrado que su partido, que centra toda la acción política en las críticas a la inmigración, sea ahora “más conocido en todo el país”. Según Anglada, los inmigrantes ilegales “no aportan nada bueno al país y sólo aportan gasto social, delincuencia y economía sumergida”.

Por su parte, el grupo municipal de la CUP opina que la medida es “poco ética, insolidaria y electoralista”. Y el portavoz del grupo de ICV, Xavier Tornafoch, advirtió que tomarán las medidas legales necesarias para que no se les niegue el padrón a los inmigrantes en situación irregular. El secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, reclamó al Govern de la Generalitat la aprobación de un decreto que evite que el Ayuntamiento de Vic “cometa una ilegalidad” si prospera la iniciativa. “Realismo son políticas públicas que garanticen la cohesión y no negar derechos, y lo que hace el Ayuntamiento de Vic es negar derechos elementales que lo acercan a una ciudad liderada por la italiana Liga Norte y no por fuerzas políticas que expresan las diferentes opciones de la Catalunya de hoy”, manifestó.