Pese a las advertencias hechas desde el Gobierno, el Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU con el apoyo de PSC y ERC, reafirmó ayer su intención de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. La aprobación de la medida, sin embargo, se ha aplazado y será sometida a un peritaje por si fuera ilegal. La Ley de Extranjería, cuya reforma se cerró hace pocas semanas, establece la necesidad de registrar a los ilegales con el fin de que éstos puedan acceder a los servicios básicos asistenciales. Es la primera vez que un gobierno municipal toma una dirección tan drástica relacionada con la inmigración y coloca en difícil situación a nacionalistas y socialistas no sólo por lo que supone de colisión con la ley, sino también por su fuerte contenido xenófobo.
    No estará de más recordar que, hasta no hace mucho tiempo, la izquierda en general y los socialistas en particular reclamaban «papeles para todos» que incluían regularizaciones masivas. Pues bien, sorprende ahora que las direcciones del PSC, de ERC y de CiU no hayan movido un dedo para frenar la iniciativa de sus compañeros de Vic. Es comprensible que esta pequeña ciudad catalana, de casi 40.000 habitantes, esté preocupada por el peso creciente del número de inmigrantes, en su mayoría magrebíes, que supera el 25% de la población. Pero las fórmulas para lograr una mejor integración y mayor cohesión vecinal, que es lo pretextado por el equipo municipal, no pueden chocar frontalmente con la legislación general. Como Vic, hay muchas ciudades y pueblos en España con problemas similares, por lo que sería un despropósito que para hacerles frente cada regidor adoptara medidas por su cuenta sin mirar más allá de los límites municipales. Precisamente ayer se hizo público el Anuario de la Inmigración en España 2009, un estudio exhaustivo que pone de relieve cómo los desajustes derivados de 4,6 millones de inmigrantes necesitan respuestas globales. Entre esos desajustes figura a la cabeza el desempleo, que afectará, cuando termine 2010, a más de un millón de trabajadores foráneos. Si bien los autores del anuario aseguran que el ajuste del mercado de trabajo inmigrante se puede dar por concluido, todo apunta a que la vuelta al tajo de ese millón de desempleados se prolongará más allá de 2013, con lo cual miles de inmigrantes parados de larga duración coincidirán con tres millones de españoles igualmente en busca de un empleo. Por fortuna, como señala el citado estudio, la sociedad española está actuando con cordura y solidaridad. En efecto, al margen de conflictos esporádicos y muy localizados, la convivencia social no ha sufrido graves quebrantos. Pero nadie puede garantizar que siga siendo así a medida que se deterioren las circunstancias laborales y en tanto no se vuelva a crear empleo neto.
    Lo acaecido en Vic pone de manifiesto que la integración del inmigrante es una tarea compleja y delicada, que no se logra ni con «buenismos» irresponsables, ni demagogias populistas ni, tampoco, con exabruptos xenófobos. Tan peligroso es el alarmismo infundado como el minusvalorar los efectos que puede tener la marginalidad creciente de un amplio sector de la población inmigrante. Por eso conviene adelantarse a la evolución del problema y tomar medidas preventivas. Entre ellas, sería acertado poner en marcha programas de integración para las segundas generaciones, con cursos de formación continua, acceso a estudios superiores y ayudas a su contratación. Todo apunta a que la gran marea migratoria ha remitido; ahora toca su integración efectiva.