La controvertida medida del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles que no tengan permiso de residencia ha derivado ahora en una polémica sobre si la decisión es legal o no. Eso es lo que se desprende del pleno municipal celebrado ayer, en el que los representantes del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) defendieron la legalidad de la iniciativa apoyándose en los servicios jurídicos del consistorio. El portavoz socialista dijo que solo reconsiderará la medida si una instancia superior demuestra su ilegalidad.
Sin embargo, desde que se anunció la norma, diversas instancias se han pronunciado ya sobre la ilegalidad de la exigencia. Desde el Govern de la Generalitat hasta el ministro de Trabajo e Inmigración, en cuyo departamento se elaboró la ley de extranjería a la que el Ayuntamiento de Vic dice que se acoge, pasando por el Col.legi d’Advocats de Barcelona. Como otros expertos que han opinado, los abogados sostienen que la polémica norma viola no solo la ley de extranjería, sino otras dos, la de bases de régimen local y la de protección de datos.
La polémica legal solo es una manera de desviar el tema, que es político. ¿Qué más informes jurídicos necesita Vic para convencerse de que se viola la ley? CDC no ha esperado ningún informe para apoyar en las últimas horas, por boca de Oriol Pujol y de Felip Puig, la actuación del Ayuntamiento de Vic. El objetivo político es parar el ascenso de la xenófoba Plataforma per Catalunya. Una aspiración tan bienintencionada como las medidas que el consistorio ha llevado a cabo durante muchos años para integrar a los inmigrantes y que nadie niega. Pero ¿se puede detener a los xenófobos utilizando sus métodos?