El alcalde de Vic seguirá adelante con su polémica decisión de negar el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. El ayuntamiento de la población barcelonesa celebró ayer un pleno municipal, en el que el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, de CiU, insistió en defender la legalidad de la medida, a pesar del rechazo que ha recibido desde el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas.

Vila d’Abadal, no obstante, anunció que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes , que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el próximo 4 de febrero. Un día antes, el consistorio celebrará un nuevo pleno, en el que podrían introducirse cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal e incluso xenófobo. El alcalde dijo, en cambio, que pone orden, avanza en la integración de la inmigración y pone a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que forman el equipo de gobierno de Vic, CiU, ERC y PSC, es total, si bien ayer el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. «Si una instancia superior al ayuntamiento determina que la medida es ilegal, estamos dispuestos a retirarla», dijo. Al mismo tiempo, la responsable de inmigración del PSC, Consol Prados, descartó ayer que el partido vaya a tomar acciones contra los cuatro concejales que tiene en Vic por respaldar la polémica medida.

Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya (PxC), formación de ultraderecha y que es la segunda fuerza por número de votos y ediles, cuatro, en Vic. «Esta medida la celebramos porque nosotros lo hemos dicho siempre, los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización», señaló. Y concluyó: «Porque la inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, el inmigrante ilegal nos aporta más gasto social y más delincuencia en las calles».

Abogacía del Estado

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó desde Bilbao que esperará al informe que realice la Abogacía del Estado sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic. No obstante, en principio, defendió «los derechos vinculados a la dignidad del ser humano», y subrayó que el empadronamiento no puede condicionar que una persona pueda «estar en un lugar y pertenecer a una sociedad». Señaló que si la Abogacía considera que la norma municipal no es legal, «adoptaremos las medidas pertinentes para reparar la legalidad que se considere vulnerada o quebrada en cada caso».

Mientras, una veintena de entidades sociales y sindicatos catalanes anunciaron ayer que planean una manifestación cuando el Ayuntamiento de Vic apruebe la iniciativa .

Por su parte, el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, afirmó que la «errática» política de inmigración del Gobierno central está detrás de la situación en Vic.