La pregunta colea desde el pasado fin de semana. ¿Dónde estuvieron los 24 menores extranjeros no acompañados (‘menas’) tutelados por la Diputación alavesa que abandonaron el centro foral de Molinuevo «de forma voluntaria» durante cuatro días? La Ertzaintza, según explicó un portavoz oficial del Gabinete Agirre, investiga dónde estuvieron y quién cobijó a estos jóvenes por si pudiera haberse cometido algún delito. Ya hay respuestas a los interrogantes. Según explicaron a EL CORREO fuentes de toda solvencia, los chavales, de origen guineano, durmieron la primera noche en la estación de autobuses y luego, en casas particulares de «gente solidaria» y en la iglesia del Buen Pastor de Zaramaga, donde fueron localizados por la Policía autónoma el pasado viernes, día en el que regresaron al centro.

Los menores, lejos de estar deambulando por las calles, se movieron por diferentes zonas de la ciudad arropados por personas de diversos colectivos. Pusieron denuncias en la Policía Municipal por el «comportamiento» que reciben de la Diputación – denegarles la tutela – , acudieron a las Juntas Generales e incluso a la oficina del Ararteko. Al final, decidieron regresar al centro la noche del pasado viernes, en torno a las 21.30 horas, acompañados por algunas de estas personas «solidarias». Dos de ellas, de hecho, fueron reconocidas por los monitores del complejo foral cuando los menores decidieron regresar.

La Diputación, cuando ese mismo viernes denunció la huida de los jóvenes ante el juzgado de guardia, habló oficialmente de «fuga», de una marcha promovida por tres chicos que fueron sancionados por no acudir a clase de alfabetización e intentar agredir a uno de los monitores. Se trata de castigos regulados por el Gobierno vasco, y que en general no pasan de tener que limpiar los baños o disponer de menos horas de salida. Estos ‘menas’ lograron convencer a sus compañeros y se marcharon del nuevo centro Bideberri, ubicado en Coronación. Regresaron, eso sí, pero rechazaron entrar porque la dirección del complejo se negó a retirar las sanciones.

«No se puede hablar de fuga», criticaron ayer medios cercanos a las personas que acogieron a estos chicos. «Sólo era una protesta por la negativa de la Diputación a darles las órdenes forales de tutela, algo a lo que está obligada a los tres meses de estancia», apostillaron. El Gabinete Agirre, sin embargo, lo niega y dice que se trata de una treintena de casos puestos a disposición de la justicia sobre los que existen dudas razonables sobre la edad. Y es que hay jóvenes con pasaportes que dicen tener 17 años, pero que ya fueron registrados en Canarias con otra documentación en la que llegaban a tener hasta 31.

Antecedente en Guipúzcoa

¿Pero ha existido o no delito en la actuación de las personas que atendieron a estos chicos? En principio, no, como explicaron fuentes de la Fiscalía de Menores. Pese a todo, quienes ayudaron a estos jóvenes evitan hablar con nombres y apellidos, porque «nunca se sabe lo que puede pasar» con la nueva modificación de la Ley de Extranjería.

No hay que olvidar, además, que en Guipúzcoa, en un caso similar a éste, la Diputación presentó una denuncia por la vía de lo penal contra la asociación SOS Racismo por ayudar a menores tutelados por la institución foral.