La Corporación municipal de Vic (Barcelona) seguirá adelante con su polémica decisión de negar el ingreso en el padrón a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. El Ayuntamiento de la localidad catalana celebró ayer un pleno en el que su alcalde, Josep María Vila d’Abadal (CiU), insistió en defender la legalidad de la normativa a pesar del estupor que ha causado y del rechazo que ha recibido desde múltiples frentes, incluido el Gobierno central, los sindicatos y las organizaciones sociales y cívicas. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, recordó a los responsables municipales que «la medida no está cubierta por la ley». La ordenanza dejaría a los ‘sin papeles’ sin derecho a la sanidad o la escolarización.

No obstante, Vila d’Abadal aclaró ayer que los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes , que deberán estar en situación legal y con permiso de residencia para inscribirse en el municipio catalán, no se aplicarán hasta el próximo 4 de febrero. El Consistorio barcelonés, que ha solicitado un nuevo informe, celebrará el día anterior un pleno en el que se podrían introducir cambios en el controvertido proyecto, tachado de ilegal y xenófobo. Nada que ver con la lectura que hace el alcalde sobre la polémica decisión. A su juicio, «pone orden, avanza en la integración de la inmigración y pone a las personas inmigradas dentro de la comunidad». Los extranjeros representan el 24% del censo de la localidad.

Hasta la fecha, el acuerdo entre las tres formaciones que componen el equipo de Gobierno – CiU, ERC y PSC – es total, si bien ayer el portavoz de los socialistas, Josep Burgayó, dejó entrever un cierto distanciamiento. «Si un informe de otra Administración demuestra la ilegalidad de la normativa, nosotros nos opondremos a su aplicación», dijo.

La ultraderecha, presente

Quien no lo hará es Josep Anglada, concejal de la Plataforma per Catalunya, formación de ultraderecha y segunda fuerza del municipio por número de votos y ediles. «Celebramos esta medida porque nosotros lo hemos dicho siempre; los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a ningún tipo de ayuda social, ya sea sanitaria o de escolarización», señaló. Y concluyó: «La inmigración ilegal no nos aporta nada bueno ni a nuestra ciudad ni a nuestro país. Al contrario, los ‘sin papeles’ generan más gasto social y más delincuencia en las calles». Por su parte, el concejal de ERC, Joan López, también se pronunció ayer a favor de la normativa al entender que «responde a una de las exigencias históricas de Vic sobre la población inmigrante».