Madrid

El PP tiene claras dos cosas: que el Ayuntamiento de Vic está obligado a empadronar a los inmigrantes ilegales, porque así lo dice la ley, y que el problema de fondo no sólo afecta a la inmigración – cuya regulación habría que volver a reformar con carácter restrictivo – , sino, sobre todo, a la financiación local.

Sobre lo primero, no se anda con paños calientes e insta al Gobierno, y en particular al ministro de Justicia, a actuar: «No se puede andar con medias tintas: la ley es la ley, y las administraciones no pueden cometer ilegalidades», dice con contundencia el portavoz popular de inmigración, Rafael Hernando.

Pero lo que más preocupa al PP es lo segundo: «La realidad que viven los ayuntamientos con la inmigración es la promesa incumplida por Zapatero de la financiación local», declara la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.

Una realidad, la de la caída de los ingresos de las arcas municipales, a la que Hernando añade los dos recortes específicos de los Presupuestos de 2010 para programas de integración: de 200 a 100 millones de euros los compartidos por ayuntamientos y comunidades autónomas, y de ocho a dos millones, los de transferencias directas. Una realidad, además, que contrasta con un aumento «encubierto» de la presión inmigratoria, medida por las 440.000 nuevas tarjetas de residentes expedidas entre octubre de 2008 y septiembre de 2009.

Para Hernando, Vic es «la punta del iceberg de un grave problema económico y financiero». «Zapatero y el PSOE», dice Santamaría, «tienen que clarificar su política de inmigración y la de financiación».