El Ayuntamiento se afirma en su voluntad aunque pospone a febrero su aplicación Barcelona

A pesar de las advertencias del Gobierno, el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) se mantiene firme en su intención de no admitir a los ‘sin papeles’. «No nos estamos poniendo al margen de la ley, pero sí planteamos un reto al Estado», admiten fuentes próximas al alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU). El Gobierno lo componen CiU, Esquerra y PSC.

A no ser que el informe externo encargado ayer por Vila d’Abadal contradiga las tesis que postulan los servicios jurídicos del Consistorio, los concejales nacionalistas, socialistas y republicanos aprobarán en el Pleno del próximo 3 de febrero el endurecimiento de los criterios del padrón, que entrará en vigor de inmediato.

A los votos de los tres grupos que conforman el equipo de Gobierno se sumarán los de los cuatro ediles de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC). La presencia de los partidarios de la formación encabezada por Josep Anglada en una ciudad donde el 25% de la población es foránea ha acabado por arrastrar a los grandes partidos a aplicar una política que la extrema derecha ve «insuficiente», pero con buenos ojos.

«En Vic hemos llegado al límite de la inmigración que podemos acoger», apuntaba ayer uno de los responsables del Ayuntamiento que defiende la legalidad de la reforma.

Según las mismas fuentes, el informe jurídico interno que maneja el Consistorio destaca que la legislación no indica explícitamente que los municipios deban inscribir a extranjeros que no hayan regularizado su estancia en España.

El proyecto alude a distintos artículos de la Ley de Extranjería, la de Régimen Local, la Ley de Reglamento de la Población y la Ley Municipal catalana para sostener que el Ayuntamiento dispone de competencias para comprobar que la documentación exigida es vigente y validar que los datos del NIE (número de identificación de extranjeros), el pasaporte o el visado son veraces. «En los últimos meses ha disminuido, pero en años pasados venían inmigrantes sin pasaporte o con documentos falsos», justifican.

Sin embargo, el Ayuntamiento obvia que tanto la Ley de Extranjería como la de Régimen Local obligan a las corporaciones locales a inscribir a todos los extranjeros que residan en el municipio. «Es un pez que se muerde la cola y el Estado pone limitaciones hipócritas. ¿Cómo pueden demostrar que viven habitualmente en una población si no cuentan ni con permiso de trabajo y no tienen la documentación en regla? Por esa misma razón, deberíamos añadir en el padrón a los turistas», argumentan las fuentes consultadas.

Lo que tampoco se cuestiona el informe del Consistorio es si la norma impedirá a los sin papeles acceder a los servicios básicos. El empadronamiento es un requisito imprescindible para disponer de la tarjeta sanitaria y permitir la escolarización de los niños. De todas maneras, Vila d’Abadal negó en el concurrido Pleno celebrado ayer en Vic que el nuevo marco cierre el acceso de los extranjeros indocumentados a la sanidad y la educación. El alcalde catalogó de «cinismo terrible» que se pueda registrar a inmigrantes que no obtienen un permiso de trabajo.

A pesar de las reticencias expresadas por el Govern, los regidores de PSC y ERC no se salieron del guión y se ratificaron a favor de la medida. Para el republicano Joan López, el acuerdo alcanzado por los tres partidos responde a una de las «exigencias históricas» de los vecinos y añadió que Vic se halla en una situación de «estrés social».

El portavoz socialista, Josep Burganya, celebró que la proposición pondrá trabas a los «empadronamientos fraudulentos», aunque advirtió de que el PSC retirará su apoyo a la propuesta en caso de que «una administración superior diga que no se puede hacer».

Josep Anglada formuló sus soflamas ultras contra los sin papeles: «No aportan nada bueno al país, sólo gasto social, delincuencia y economía sumergida». La moción urgente favorable a la modificación redactada por PxC y la réplica de ICV opuesta a la medida se pospusieron para debatirlas en febrero.

Lejos de Vic, ERC confió en que el Ayuntamiento se ajustará a la legislación. CiU y PP responsabilizaron a los socialistas de tener una política blanda contra la inmigración ilegal. La Ejecutiva del PSC volvió a cuestionar la legalidad de la propuesta e ICV y Ciutadans pidieron que se detenga la reforma. El secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós (ERC), recomendó a Vic que reconsidere su posición.

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Vic aprueba el veto a ‘sin papeles’.

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EL MUNDO en 2’’, por Pedro J. Ramírez.

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