Madrid

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró ayer que negar el empadronamiento a quien acredite su identidad y su residencia en un determinado municipio «es un acto que no se ajusta a la ley». Tras recordar que él mismo se pronunció públicamente en su día sobre «el problema del hacinamiento» de inmigrantes en algunas viviendas, criticó que el Ayuntamiento de Vic esté moviendo a «confusión» con la Ley de Extranjería, «que no entra en estos temas».

«El empadronamiento sólo está regulado por las normas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el padrón de habitantes, así como por la Ley de Régimen Local», explicó Corbacho.

El ministro, no obstante, eludió adelantar si el Ejecutivo tomará medidas contra el Ayuntamiento catalán: «Primero habrá que ver qué hace y cómo lo hace. Entonces el Gobierno tendrá ya un pronunciamiento sobre un acuerdo concreto, porque hoy es una posición [del Ayuntamiento], pero no es un acuerdo».

La secretaria de Inmigración, Consuelo Rumí, expresó con claridad su postura: «Es ilegal y espero que el Ayuntamiento de Vic cumpla la legalidad».

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, planteó el debate en otros términos – a la espera del informe de la Abogacía del Estado – y defendió «los derechos vinculados a la dignidad del ser humano». Además, subrayó que el empadronamiento no puede «condicionar» que una persona pueda «estar en un lugar y pertenecer a una sociedad», informa Europa Press.