Cear critica la «ilegalidad» del Consistorio y CCOO pide actuar a la Administración Madrid

La Ley de Extranjería establece la «obligación» de los ayuntamientos de empadronar. La Ley de Régimen de Bases Locales «no admite» requiebros como el de Vic y sólo recoge los requisitos que ha de tener un inmigrante para ser incluido en el padrón: presentar la tarjeta de residencia o el pasaporte. Todo lo demás es ruido. Ruido del «interesado». Y los argumentos legales blandidos por el consistorio para su motín normativo son un perfecto «brindis al sol» que evidencia un plan: azuzar entre la población un debate con deriva «xenófoba».

Asentándose en estos puntos, las organizaciones no gubernamentales salieron ayer al paso de la insurrección normativa del Ayuntamiento de Vic y tildaron su idea de blindar esta ventanilla como «dislate legal».

«En vez de decir que quieren cambiar la ley, fuerzan una argumentación hasta el ridículo. Convertir el padrón municipal en herramienta para la regulación del régimen de extranjería es un dislate tremendo», comenta Mauricio Valiente, coordinador del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. «En Vic se ha hecho una cesión a un partido xenófobo con cierta presencia en el consistorio. Es el mayor de los errores. Un retroceso muy simbólico para PSC, CiU o ERC».

Para Cear, ninguna de las normas que cita el Ayuntamiento como coartada de su cerrojazo – ni la Ley de Bases de Régimen Local, ni la Ley de Extranjería, ni la Ley de Reglamento de la Población, ni la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña – recoge la posibilidad de impedir el empadronamiento a un extranjero.

«Entrar a debatir sobre la estrategia de una plataforma con postulados racistas es entrar en una lógica que sólo comporta hacer buenos los argumentos de ellos», señala Dolors Llobet, portavoz de CCOO en Cataluña. Para el sindicato, la iniciativa de Vic «atenta» contra el Pacto por la Inmigración firmado en la comunidad autónoma por agentes sociales, partidos, ayuntamientos y ONG. Es más: «Cuando hay algo fuera de la ley, las administraciones deben actuar».

Igualmente, informa Servimedia, el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Rahmohuni, instó al Gobierno a intervenir, al entender que la medida «no es legal». Agregó que la Ley de Extranjería «es una ley orgánica y ningún ayuntamiento puede dejar de aplicarla por acuerdo del pleno». Por su parte, Enrique Mosquera, de la Asociación de Papeles y Derechos para Todos, señaló con su dedo el barril de pólvora que ve al final de esta mecha: «El problema no es sólo Vic, sino que se extienda este criterio a otras localidades del Estado por desidia».