Las críticas y avisos de ilegalidad arrecian y cada vez llegan de más arriba, pero el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) – gobernado por CiU, ERC y PSC – sigue enrocado en vetar el padrón a los inmigrantes sin papeles que no presenten un visado. Aunque el martes explicó sus intenciones en un comunicado colgado en su página web, por ahora no se ha decidido a aprobarlas formalmente. Ayer, durante el pleno municipal, el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), defendió la nueva exigencia. Se trata, dijo, de “salvar la ciudad”: lograr que la gente autóctona no vea la inmigración como un problema y que entienda que “lo que se hace con los inmigrantes no les perjudica, que los recién llegados también cumplen la ley como se les exige a los locales”. El 24% de los 38.000 habitantes de Vic son inmigrantes y la ciudad es la cuna de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), con cuatro concejales.

En el pleno, el equipo de Gobierno rechazó dos mociones, una a favor, de PxC, y otra en contra, de ICV, y aclaró que no aplicará los nuevos requisitos hasta explicarlos a las entidades y celebrar otro pleno el 3 de febrero. El tripartito municipal defendió la legalidad de una decisión que avalan los servicios jurídicos municipales, aunque precisó que ha encargado un estudio independiente. Los ediles de PSC y ERC señalaron que retirarán su apoyo si el nuevo padrón resulta ilegal. El líder de PxC, Josep Anglada, exigió que se acabaran los derechos y las ayudas para los inmigrantes . “No aportan nada de bueno, sólo más gasto social, delincuencia y economía sumergida”, dijo.

Mientras la Generalitat de Cataluña sigue manteniendo una actitud distante, el anuncio del encargo de un informe independiente no convence a las voces que tachan el veto al padrón de ilegal. Ayer lo reiteró la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, confió en que la decisión “se podrá reconducir” porque negar el empadronamiento “tiene mal acomodo en el Estado de derecho”. Pero la advertencia más grave llegó del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien durante una visita oficial a Bilbao anunció que ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para determinar si la decisión de Vic se adapta a la Constitución y las leyes, informa Unai Morán. Caamaño advirtió de que en caso contrario “se adoptarán las medidas legales pertinentes para reparar la legalidad vulnerada” y el Estado se verá obligado a recurrir la decisión municipal “ante los tribunales”.

Quienes mantienen su actitud ambigua respecto a la política anunciada por el Ayuntamiento de Vic son tanto el Gobierno de la Generalitat como las direcciones de ERC, PSC y CiU. Sólo ICV se ha mostrado muy crítica con Vic y ha solicitado que el Ejecutivo tome medidas por decreto para evitar la ilegalidad. Ayer, el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, rompió el silencio y alertó al Ayuntamiento de que no empadronar a sin papeles sólo generará “desconocimiento” sobre la realidad de las personas que residen en el municipio, y más “desorden”.

ERC, cuyo portavoz afirmó el viernes pasado que la formación “no ve bien” la medida, mantuvo ayer una actitud ambigua: la portavoz parlamentaria, Anna Simó, se limitó a decir que “lo que hace y debe hacer Vic es cumplir sus funciones y poner orden en el padrón”. El PSC no piensa reprender a sus concejales y estudiará el veto al padrón, explicó su responsable de Inmigración, Consol Prados. CiU lleva días pidiendo respeto por la decisión del Ayuntamiento y recordando la complejidad que supone gestionar su realidad.