La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona argumentó ayer en un extenso comunicado que las intenciones del consistorio de Vic vulneran la ley de bases de régimen local y la normativa sobre protección de datos, así como la ley de extranjería.

Los abogados desmenuzan las intenciones del ayuntamiento de la capital de Osona para llegar a la conclusión de que se trata de una situación «muy grave» porque atentan contra derechos básicos de las personas. El comunicado recuerda que la ley de régimen local solamente exige a los inmigrantes presentar su número de identificación de extranjero o el pasaporte en vigor. En ningún caso es obligatorio, pues, mostrar el permiso de trabajo o de residencia. El comunicado recuerda que impedir el empadronamiento significa negar el acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación.

Por otra parte, el Pacte Nacional per a la Immigració, aprobado con el apoyo de las dos organizaciones municipalistas, pide expresamente que se unifiquen criterios bajo la premisa de «favorecer el empadronamiento de todas las personas que realmente viven en un municipio y adaptar el padrón a la realidad».