La decisión del Ayuntamiento de Vic de verificar la identidad documentada de los inmigrantes que soliciten empadronarse en la localidad antes de proceder a su registro y de exigirles la referencia de una vivienda sin tener en cuenta las vicisitudes que hayan afrontado hasta llegar a su destino constituye una medida que desborda la legalidad vigente. Y ello aunque aparente ser coherente con la progresiva regularización de su situación en España. Es probable que el alcalde de la cabecera de comarca de Osona crea responder así a la inquietud que entre la población de la zona suscita la afluencia descontrolada de inmigrantes . Pero lo que resulta inadmisible es que el Consistorio que dirige trate de ir más allá de lo establecido en la Ley de Extranjería para, supuestamente, contentar a los vecinos mediante una norma local de excepción cuya sola existencia disuada a muchos inmigrantes de trasladarse a Vic. Cuando lo relevante, además de permitir el acceso a los servicios que lleva aparejado el empadronamiento, es que éste se rija por los mismos criterios en todos los municipios de España.