El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), formado por CiU. PSC y ERC, tiene la intención de no empadronar a los inmigrantes que estén en situación irregular. La medida ha provocado una avalancha de críticas, del Ministerio de Trabajo, de numerosas entidades e incluso de las cúpulas de PSC y ERC. La polémica viene suscitada porque esta iniciativa no está contemplada en la Ley de Régimen Local.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, se sumó ayer a estas críticas y señaló que «las normas sobre el censo están en la Ley, no es razonable que una corporación –este Ayuntamiento–, de forma individual, adopte una decisión que no está dentro del marco legal».
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, instó al PSOE a unificar su discurso en inmigración, ya que los socialistas de Vic apoyan la polémica medida,  y también recordó que esta iniciativa «está fuera de la Ley».
En Barcelona, el líder municipal de los populares, Alberto Fernández, señaló, trasladando este caso a la capital catalana, que «el Ayuntamiento que verifique los datos que se aportan para empadronarse y haga efectivo el acceso de la Policía a él». «La hoja de ruta tiene que ser rigor y Policía», añadió.
Por su parte, el alcalde de esta localidad con una tasa de inmigración del 23 por ciento, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), insistió en seguir adelante con la polémica medida y afirmó que «no es digno ni ético empadronar a inmigrantes que no tienen permiso de trabajo, y que a pesar de acceder a la educación y sanidad públicas, deben vivir de la caridad».
Las entidades de la población contrarias a la medida sospechan que el Ayuntamiento no celebrará ningún pleno para aprobar la iniciativa y que simplemente se limitará a aplicarla. UGT, CC OO,  Cruz Roja, Cáritas y el Centro Islámico de Vic no descartan actos de protesta contra el Consistorio.