La iniciativa del equipo de gobierno municipal tripartito –CiU, PSC y ERC– en Vic sobre la aplicación de las normas de empadronamiento puede llegar a servir, en un año electoral, para que el tema de la inmigración entre en campaña. Contrariamente a lo que se suele decir, no me parece una mala noticia. No he entendido nunca por qué hay que mantener fuera de los debates electorales aquellos temas que más peso tienen en las preocupaciones colectivas y sobre los que además es obvio que no todos los partidos piensan lo mismo. La existencia de temas tabú es un déficit democrático. Los ciudadanos pueden tener la sensación de que se les secuestra el debate necesario sobre una cuestión importante. Pero en el caso de la inmigración, que no se hable de ello tiene efectos particularmente negativos.
Si las fuerzas políticas democráticas no generan su propio discurso, realista y mesurado, dejan el monopolio del discurso político sobre la inmigración en manos del populismo ultra. Pasó en Francia. Por un lado, había un discurso social políticamente correcto, que negaba la existencia del problema de la inmigración, que solo lo veía seráficamente como una fuente de maravillosos mestizajes culturales y que recelaba de cualquier intento de controlar y gestionar el fenómeno. Y en la otra punta, apareció el discurso del Frente Nacional y del populismo de extrema derecha que solo veía el carácter problemático de la inmigración y proponía inaceptables medidas xenófobas. Los partidos democráticos no supieron articular su discurso, a medio camino. Y los ciudadanos, especialmente los de los suburbios con más presencia de inmigrantes, entre un discurso que negaba la existencia de un problema que ellos percibían y un discurso que les ofrecía aparentes soluciones –aunque indecentes y falsas– alimentaron el Frente Nacional.
Por lo tanto, me parece buena noticia que los partidos centrales se tengan que mojar sobre la inmigración. Si no hay nada bien articulado y coherente entre el angelismo buenista y la xenofobia populista, perderemos. Los partidos centrales tienen derecho a mantener posiciones diferentes sobre la inmigración. Y tienen la obligación de tener posición. Para debatir entre ellos, para combatir el populismo y para superar la parálisis perpleja que acaba causando el discurso que niega la existencia del problema. Y en esta construcción de discurso, los partidos del amplio espectro central de la política catalana harían bien de escuchar a sus alcaldes. Que son los que lo ven desde primera fila. Que pueden dar al discurso resultante el imprescindible baño de realidad.