El Gobierno censuró ayer la negativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) a empadronar a inmigrantes en situación irregular. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la intención del equipo municipal de que los inmigrantes acrediten permiso de trabajo o residencia para poder empadronarse «escapa a la ley», y recordó al alcalde del municipio, Josep Maria Vila d’Abadal, que «no es razonable» que una corporación tome decisiones unilaterales que «no están en el marco de la ley».

Por su parte, el gobierno de la Generalitat evitó ayer desautorizar al Ayuntamiento, aunque la consellera de Trabajo apuntó «que está obligado a cumplir la ley y a inscribir a los extranjeros que viven en su municipio».

Desde el PSOE también recordaron que la ley reguladora de bases de régimen local establece que, para la inscripción de extranjeros en el Padrón, la única documentación exigible es el número de tarjeta de residencia en vigor, el del documento de identidad o el del pasaporte.

Así, insisten en que la ley deja claro que para los extranjeros que no sean titulares de un documento en vigor expedido por las autoridades españolas será suficiente, para su inscripción en el padrón, la aportación del pasaporte.