El alcalde de Vic defiende su control de inmigrantes La vicepresidenta De la Vega alerta al Ayuntamiento de que, si endurece el empadronamiento, no estará «en el marco de la ley» JORDI RIBALAYGUE / Barcelona

Ni las advertencias del Gobierno ni las dudas expresadas por los partidos catalanes causan desaliento en el Ayuntamiento de Vic, que insiste en abrir el debate de dejar de admitir a los inmigrantes sin papeles. El alcalde de la población barcelonesa, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), se preció ayer de hacer lo «correcto» proponiendo dificultar el empadronamiento a los extranjeros que no logren regularizar su estancia en España en menos de tres meses. La proposición fue acordada por nacionalistas, socialistas y republicanos, los tres grupos que conforman el equipo de gobierno.

«Estamos rompiendo un canon de lo que es políticamente correcto», proclamó Vila d’Abadal en una entrevista en TV3, en la que redujo la polémica a un presunto caso de «desinformación». «Tengo que comprobar el nombre y los datos personales, y el documento que lo acredita es el visado», indicó.

Tras felicitarse por las políticas de integración aplicadas hasta la fecha en el municipio, donde una cuarta parte de los vecinos son foráneos, el alcalde admitió que la presencia del partido xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC) en Vic – la segunda fuerza de la ciudad con cuatro concejales – es un «motivo» para proponer el endurecimiento de los criterios para registrar a los inmigrantes.

«Si 3.000 personas votaron por Josep Angalda [PxC], debemos escucharlos porque pueden tener parte de razón», señaló. El regidor democristiano blandió que, a su juicio, no es «ético» inscribir inmigrantes que no obtendrán permiso de trabajo.

Escocido por los comentarios del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que advirtió el domingo al Consistorio que la medida es «ilegal», Vila d’Abadal lanzó reproches contra la policía, la responsable de controlar los visados: «Si el Estado cumple, empadrono a todos los que vengan con visado».

Los argumentos del alcalde de Vic no convencen al Gobierno. En línea con las afirmaciones de Corbacho, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, alertó al Ayuntamiento de que, si aplica los criterios que anuncia, serían decisiones unilaterales que «no están en el marco de la ley».

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, también se postuló en contra al subrayar que a los sin papeles «se les deben garantizar unos servicios sociales básicos». Aunque el PSC es una de las tres formaciones que han respaldado la modificación del padrón en la ciudad, el vicesecretario general del partido, Miquel Iceta, instó el lunes a los ediles socialistas a rectificar. Por su parte, el PP coincidió con el Ejecutivo en reclamar el cumplimiento de la ley, pero lamentó, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, que el PSOE «haga unas cosas en el Gobierno de la Nación y otras en los ayuntamientos». A su vez, apostó por iniciar un «debate sereno» sobre la inmigración.