P. P.
VIC

Más de 20 entidades locales, reunidas ayer por la tarde en Vic, acordaron reclamar al ayuntamiento la retirada inmediata de los nuevos criterios del empadronamiento, que niegan el registro a los inmigrantes en situación irregular. En un manifiesto conjunto, las asociaciones calificaron la postura del consistorio de «ilegal y gravemente discriminatoria». Además, consideran que contradice el Pacte Nacional per a la Immigració.
En la reunión, organizada por Veus Diverses y Càritas, participaron unos 40 representantes de entidades de todo tipo que trabajan en el ámbito de la convivencia y la acogida. Además de las dos asociaciones convocantes, participaron en el encuentro representantes de las sedes comarcales de los sindicatos CCOO y UGT, SOS Racisme, Asociación Tapís, Casal Claret, diversas asociaciones de inmigrantes y la Coordinadora d’Entitats d’Immigrants d’Osona, entre otras.
Todas rechazaron las explicaciones del alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), sobre la legalidad de la iniciativa, basada en el artículo 25 de la nueva ley orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros. «Son dos cosas distintas. No puede vincularse una ley que regula la estancia en el país con la del empadronamiento», apuntó Toni Iborra, abogado de Veus Diverses y portavoz de las entidades.
Las asociaciones reclamaron una reunión urgente con el equipo de gobierno (CiU, ERC y PSC) para tratar de enderezar el tema. De momento, han quedado descartado cualquier otro acto de protesta hasta después del encuentro con el consistorio.

MARGINADOS / El manifiesto hace público el malestar de los firmantes porque el ayuntamiento les ha «marginado» de una decisión que les afecta. «El primer requisito de la convivencia es el diálogo constructivo», reza el texto.
La última petición de las entidades reconoce entre líneas la dificultad de gestionar una ciudad con un porcentaje de inmigrantes tan elevado, en el caso de Vic superior al 23%. Por ello, reclaman a todas las administraciones que «intensifiquen su esfuerzo y apoyo» en favor de los municipios con altos índices de población extranjera, ya sea a través de dotaciones económicas o de medios materiales y humanos.