El Consistorio desoye los avisos de Corbacho mientras las entidades y sindicatos contrarios a la medida piden reunirse con el gobierno municipal

El alcalde de Vic sostiene la idea de no empadronar a los «sin papeles»

La Razón, 12-01-2010

La Ley de Régimen Local no ampara la medida del Consistorio, muy criticada desde todos los ámbitos.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), insistió ayer en su voluntad de implantar los nuevos criterios de empadronamiento para impedir el registro a los inmigrantes en situación irregular, porque «estas medidas son legales». Esta medida, no incluida en la Ley de Régimen Local, ha sido criticada por el Ministerio de Trabajo, por los sindicatos, por todas las entidades sociales y de inmigrantes de Vic e incluso por las cúpulas de PSC y ERC, que forman el gobierno municipal de la capital de Osona junto a CiU.

«Ponemos orden»
Vila d’Abadal se defendió de las críticas vertidas anteayer por el ministro de Trabajo, que avisó de que limitar el empadronamiento es «ilegal y puede derivarse en responsabilidades» y aseguró que «lo único que hacemos es dar cumplimiento a lo que marca la ley». A su juicio, esta medida «pone orden en el padrón municipal después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería de diciembre».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Vic pretende exigir pasaporte, visado o documento de viaje a todas las personas que deseen empadronarse en la localidad, una decisión que excluye a los inmigrantes en situación irregular.
El alcalde señaló que el porcentaje de personas que incumple los requisitos «es bajo, el 2 por ciento del total de las personas que han intentado empadronarse no disponía de los documentos exigidos». Pese a que critican la medida municipal, tanto el sindicato UGT como el Centro Islámico de Vic comparten la opinión de que la iniciativa no afectaría a muchas personas». El motivo es la falta de ofertas laborales, que provoca que muchos inmigrantes se marchen a otros países europeos.
Por su parte, el responsable de UGT en Vic, Cesc Poch, explicó a LA RAZÓN que «unas 40 entidades, asociaciones y sindicatos pedimos una reunión urgente con el equipo de gobierno municipal, porque esta medida es ilegal, y si no se atienden nuestras razones, no descartamos iniciar movilizaciones».

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