Ajeno a las críticas, asegura que tirará adelante el endurecimiento de la norma Barcelona

Sin intención de dar marcha atrás, el Ayuntamiento de Vic se mantiene en sus trece de impedir el empadronamiento de los extranjeros que no logren regularizar su estancia en tres meses. A pesar de las acusaciones vertidas por organizaciones de distinta índole y los avisos por los presuntos incumplimientos que el Consistorio podría cometer si aplica la propuesta, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), se reafirmó ayer en que tirará adelante el endurecimiento de la norma.

«Lo único que hacemos es dar cumplimiento a lo que marca la ley», aseguró Vila d’Abadal, que se defendió de las críticas del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien advirtió el domingo que se podrían derivar «responsabilidades» en caso de que el municipio niegue el registro a los inmigrantes en situación irregular. El alcalde se amparó en la Ley de Extranjería para sostener su apoyo al acuerdo al que llegaron los tres partidos de gobierno en Vic, CiU, PSC y ERC. Asimismo, Vila d’Abadal restó valor a los posibles efectos de la propuesta al limitar los objetivos a perseguir la falsedad documental en el padrón.

En ese sentido, remarcó que el porcentaje de personas que no presentaron la documentación en regla en los últimos meses se reduce al 2%. «No negamos el empadronamiento ni los servicios sociales a nadie», apostilló el primer edil, según informa Europa Press. En cambio, las voces críticas alertan de que poner trabas al empadronamiento barrará a los sin papeles el acceso a la sanidad, la educación y otras prestaciones.

La iniciativa se debatirá en el pleno del Ayuntamiento de mañana. La xenófoba Plataforma per Catalunya, que postula la expulsión de los extranjeros indocumentados, ha anunciado que apoyará la medida. En declaraciones a este diario, el líder de la formación y concejal en Vic, Josep Anglada, admite que el proyecto del tripartito municipal «refuerza» su discurso de cara a las próximas elecciones autonómicas, en las que encabezará la lista de PxC al Parlament. Por su parte, ICV – EUiA exigirá mañana la retirada del plan.

De todas maneras, el frente donde más oposición levanta la modificación se halla lejos de la capital de Osona. Quien ayer se desmarcó del compromiso fue la ejecutiva del PSC. A pesar de que sus concejales en Vic han avalado modificar la norma, el portavoz de los socialistas, Miquel Iceta, les instó a rectificar. En línea con las afirmaciones de Corbacho, Iceta tachó la proposición de «ilegal». No obstante, el presidente de la Generalitat, José Montilla, prefirió no posicionarse, aunque subrayó que «hay que respetar las leyes». Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, señaló que los ecosocialistas serán «beligerantes» contra «las políticas racistas y xenófobas».

Más cauto se mostró el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, que evitó contradecir al Ayuntamiento. Aun así, exigió que la reforma se ajuste a la legislación. «Si ha habido algún error, ha sido un error de explicación», añadió Puig, que se mostró seguro de que las autoridades de Vic no tolerarán que «ningún inmigrante pueda estar en una situación de indefensión». Por el contrario, los socios de federación de los convergentes, UDC, respaldaron a Vila d’Abadal, el dirigente democristiano que encabeza el Consistorio con más población. El diputado del PP, Rafael Hernando, rechazó la propuesta porque, en su opinión, «haría todavía más invisibles» a los sin papeles.

Aparte de la greña política que ha suscitado el asunto, el Colegio de Abogados de Barcelona se sumó ayer a los colectivos que han catalogado las intenciones del Ayuntamiento de Vic de discriminatorias. El Colegio valoró la medida como «muy grave» y previno de que vulnera derechos, la Ley de Protección de Datos y la Ley de Bases de Régimen Local.

REACCIONES

García Albiol aplaude la medida

A pesar de que el PP renegó ayer de la propuesta de Vic, el presidente de los ‘populares’ en Badalona, Xavier García Albiol, la aplaudió. «Ya es hora de que algún ayuntamiento de Cataluña comience a actuar con seriedad», afirmó Albiol, que catalogó de «injusticia social» que un «inmigrante ilegal» acceda en igualdad a los servicios sociales. El concejal de Convivencia de Badalona, el convergente Josep Pera, tildó las palabras del dirigente del PP de «oportunistas». «Debería hablar con Álvarez Cascos y Aznar, que aprobaron el empadronamiento actual», respondió Pera, que recordó que el Consistorio pide al arrendatario que confirme que el inmigrante reside en la vivienda para impedir picarescas y pisos patera.