MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Al rechazo de la Administración central y autonómica, de las cúpulas del PSC y de ERC, de las organizaciones sociales e incluso de la Policía Nacional a la pretensión del Ayuntamiento de Vic de vetar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles, se sumó ayer una advertencia rotunda. Salió de la boca del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien avisó al gobierno municipal de la capital de Osona de que cerrar el padrón a los sin papeles es «ilegal» y que sus impulsores pueden incurrir en «responsabilidades legales» si lo llevan a efecto.
«Ningún ayuntamiento puede negar el derecho de empadronamiento a ningún inmigrante que acredite su identidad y demuestre que vive en el municipio», declaró Corbacho a EL PERIÓDICO. «Y quien niegue ese derecho deberá asumir su responsabilidad», agregó.

OBLIGACIÓN MUNICIPAL / El ministro argumentó que si el Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU, ERC y su propio partido, el PSC) negase el derecho de empadronamiento a un ciudadano que acreditara su identidad y su residencia en el municipio, la actuación podría ser declarada nula, y el ayuntamiento, obligado a empadronar al solicitante.

LA CLARIDAD DE LA LEY / Corbacho, exalcalde de L’Hospitalet, recordó que la ley de régimen local atribuye a los ayuntamientos la obligación de mantener y actualizar el padrón. La misma norma, prosiguió, establece qué documentos deben aportar los solicitantes. «La ley lo deja muy claro y no concede lugar a duda alguna», remachó el ministro, y aún añadió: «Tampoco la ley de extranjería habilita a ningún ayuntamiento para negar el empadronamiento».
«Otra cosa muy distinta», apuntó el titular de Trabajo e Inmigración, «sería que el ayuntamiento considerase que la ley debe ser modificada. Entonces debería proponer una reforma legislativa y aguardar a que esta prosperase, si fuera el caso, pero nunca actuar contra la ley».
Corbacho opinó que la iniciativa del gobierno municipal de Vic persigue contrarrestar la pujanza electoral de la xenófoba Plataforma per Catalunya, liderada por Josep Anglada, que es la primera fuerza de la oposición municipal. «Pero no me parece buena opción competir con Anglada copiando sus propuestas ni, mucho menos, vulnerando la ley», concluyó el ministro.

GRAVE PRECEDENTE / El secretario de Inmigració de la Generalitat, el republicano Oriol Amorós, declaró por su parte a este diario que el plan de Vic contiene una «doble ilegalidad». De un lado, explicó, la entrega indiscriminada a la policía de datos de ciudadanos no sujetos a ninguna investigación infringe la ley de protección de datos. Del otro, la negativa municipal a empadronar a una persona quiebra la ley de régimen local. «Toda persona tiene derecho a empadronarse en el municipio en el que reside y, viceversa, todo ayuntamiento está obligado a empadronar a esa persona», dijo Amorós.
Este subrayó que la Generalitat no ha sido capaz de localizar ni un solo documento donde figure el plan vicense. «Lo único que sabemos es lo que el alcalde y los concejales explicaron en rueda de prensa. Sea como fuere, la medida sienta un grave precedente, ya que el empadronamiento es una de las mejores herramientas con que cuenta España para llevar un control de los extranjeros, a diferencia de Italia, donde no se sabe cuántos indocumentados hay».