Los 24 menores de origen guineano que se habían fugado el martes del centro de acogida Bideberri de Vitoria regresaron el viernes por la noche y se reincorporaron a la rutina del mismo con «normalidad», según informó ayer la Diputación alavesa.
Los menores abandonaron el centro foral por su desencuentro con los cuidadores en asuntos relacionados con la disciplina. En su reincorporación están cumpliendo con las tareas asignadas conforme a su reglamento interno.
Los hechos se iniciaron el pasado lunes cuando tres jóvenes, según la versión oficial de la institución foral, fueron castigados por los responsables de Bideberri por faltar a clase. Las sanciones a aplicar en estos casos están reguladas por el Gobierno Vasco y en general no pasan de tener que limpiar los baños o disfrutar de menos horas de salida.
Lejos de acatar las sanciones, los menores montaron en cólera e intentaron agredir a un monitor, al mismo tiempo que arengaban y animaban a sus compañeros a abandonar el centro al día siguiente, martes.
Y lo consiguieron. Uno de ellos, sin embargo, fue localizado por la Policía Nacional y devuelto al centro. Pero horas más tarde volvió a fugarse. Otro regresó por decisión propia y se quedó acatando el castigo. Los otros 24 también regresaron pero imponiendo condiciones para quedarse. Al no aceptar el chantaje los responsables del centro decidieron irse.
Tras comprobar que su marcha iba en serio, los monitores de Bideberri presentaron una primera denuncia el mismo martes y otra ante la Ertzaintza a las 24 horas de la fuga, como lo estipula el protocolo de actuación. Luego llegó la denuncia ante el juzgado de guardia.
Durante estos días de fuga la policía no ha podido dar con su paradero, a pesar de tratarse de un grupo numeroso de menores. Nada menos que 24. La investigación manejaba la posibilidad de que se hubieran dividido en grupos pequeños y que incluso hubieran abandonado la ciudad. No hay que olvidar que la fácil movilidad de este tipo de chicos para trasladarse por la península ha sido uno de los factores de discordia entre diferentes comunidades autónomas.
Ante la insólita situación, la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, tiene prevista una próxima comparecencia en Juntas Generales para dar explicaciones sobre este asunto. «Los menores tienen sus derechos pero también sus obligaciones», señaló.