El 24 de noviembre del 2003, el pleno del Ayuntamiento de Vic rechazó de forma contundente (por 20 votos a uno) una propuesta de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) en la que se solicitaba al consistorio que entregara a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona «las fotocopias de los pasaportes de aquellos extranjeros empadronados en Vic y de los que el ayuntamiento tenga indicios de que no son residentes legales». Algo más de seis años después, el equipo de gobierno de la capital de Osona (CiU, PSC y ERC) ha anunciado que aplicará una medida que guarda un gran parecido con aquella a la que el ayuntamiento cerró entonces el paso: los inmigrantes sin papeles que se empadronen serán delatados a la policía si no han regularizado su situación tres meses después de registrarse.
En la repudiada propuesta formulada en el 2003, el líder de PxC, Josep Anglada (entonces único concejal de su formación), advertía de que «la corporación municipal, en la persona de su alcalde», podría cometer «un presunto delito de cooperación necesaria y encubrimiento». Incluso le acusaba de «desobediencia» a la Administración central al no cumplir «la nueva ley orgánica [la modificación de la ley de extranjería], la cual dice que los ayuntamientos tienen la obligación de hacer llegar al lugar correspondiente el padrón municipal de todos aquellos inmigrantes considerados ilegales».

DEFECTOS DE TODO TIPO / La respuesta que obtuvo Anglada fue unánime. Todos los partidos (tanto CiU, que gobernaba en solitario, como el resto de la oposición) le recriminaron que su moción estaba repleta de «faltas de rigor» y que la ley no reflejaba lo que PxC manifestaba.
Xavier Tornafoch, concejal de ICV-EUiA –que entonces acusó a Anglada de «introducir un elemento de subjetividad muy peligroso», el de los «indicios» para detectar sin papeles–, recordó ayer aquella moción y no dudó en hallar «muchas similitudes» con los nuevos criterios de empadronamiento. El edil ecosocialista matizó que no se pueden poner en el mismo saco a PxC y a CiU, ERC y PSC, pero criticó a este tripartito «por haber modificado los criterios del registro sin comunicárselo a la oposición y sin haberlo votado en el pleno». Y no dudó en encontrar en esta medida «un intento de competir con el partido de Anglada» cara a las próximas elecciones.

‘NO’ A LA REPRESIÓN / El socialista Josep Burgaya, actual teniente de alcalde, respondió en el 2003 a PxC que «no hay que afrontar la inmigración con represión». Ayer defendió que la nueva medida es muy distinta de aquel plan: «No pone a nadie bajo sospecha ni se pone a disposición de nadie ninguna fotocopia. Solo se comunica una situación irregular a la policía». «Tomamos medidas para integrar a los inmigrantes y asegurar la buena convivencia», dijo.