Circular por las calles francesas con un burka puede costar 750 euros de multa si prospera la iniciativa del presidente del grupo parlamentario de la mayoría, Jean François Copé. Partidario de prohibir por ley el velo integral que llevan algunas mujeres musulmanas, el jefe de filas del partido de Nicolas Sarkozy
–la Unión por un Movimiento Popular (UMP)– en la Asamblea Nacional no defiende, sin embargo, una posición unánime del Gobierno, que sigue profundamente dividido sobre la cuestión. Los socialistas tampoco se ponen de acuerdo.
Antes del verano, Sarkozy lo dijo muy claro: «El burka no es bienvenido en Francia». El presidente juzgó esta prenda incompatible con los principios de igualdad de la República, no por su simbología religiosa, sino por considerarla un instrumento de humillación y anulación de la mujer. Sin embargo, se abstuvo de pronunciarse sobre la forma de llevar a la práctica un asunto tan complejo y que afecta a una comunidad en expansión como la musulmana, integrada por más de cinco millones de personas. La tarea se encargó a una comisión parlamentaria que, durante dos meses, ha solicitado la opinión de todos los sectores implicados, desde las asociaciones musulmanas a expertos en el islam o en seguridad, pasando por los alcaldes.
A la espera de que la comisión entregue sus conclusiones a finales de mes, el jefe del Estado ha evitado intervenir. No así Copé, un joven león de la derecha que no oculta su ambición de suceder a Sarkozy en el futuro y al que le gusta marcar su propio perfil. En una entrevista que publicará este fin de semana la revista semanal de Le Figaro, Copé afirma que este mes presentará su propuesta. La ley se aplicaría «a todas las personas que vayan por la vía pública con el rostro totalmente cubierto». Prevé también «una sanción más grave para la persona que obligue a un mujer a llevar un velo integral».
Copé defiende que el texto sea debatido rápidamente en el Parlamento, al día siguiente de las elecciones regionales de marzo, y establecer un período de debate de seis meses con las personas afectadas antes de entrar en vigor en otoño. Pero la iniciativa no cuenta siquiera con el apoyo de todo el grupo parlamentario, tan dividido como el Gobierno entre partidarios y detractores de una ley.

MINORITARIO / En privado, Sarkozy parece alinearse con los que opinan que el remedio de una ley puede ser peor que la enfermedad de la radicalización del islam. Aunque rechazan esta prenda, expertos y asociaciones musulmanas han advertido contra el riesgo de que una prohibición sea percibida como un desafío y se traduzca en la extensión un fenómeno que, de momento, es muy minoritario. Se calcula que unas 2.000 musulmanas llevan el burka en Francia.
El pasado lunes, en una reunión con parlamentarios de la UMP Sarkozy se mostró favorable a saldar el asunto con una declaración parlamentaria, en la línea expresada por el ministro de Trabajo, Xavier Darcos. En el lado de Copé se sitúa el ministro de Inmigración, Eric Besson, que defiende la prohibición al tiempo que aboga por un debate sobre la identidad nacional que no se centre en la presencia del islam. La idea de la ley es compartida por algunos dirigentes socialistas como Manuel Valls, mientras que la posición oficial del partido es contraria a reglamentar el burka.