Un trabajador extranjero durante la pasada vendimia. :: C. M. A.

Alicante no sólo encierra el discutible privilegio de ser la tercera provincia española, tras las grandes urbes Madrid y Barcelona, con más trabajadores extranjeros en el paro. También lidera, en esta ocasión junto a Valencia, el aumento neto de desempleo extranjero en el sector agrícola, uno de los mayores receptores de mano de obra sin cualificar en la última década, la mayoría extracomunitaria.

El último dato divulgado anteayer por el Inem no deja lugar para muchas dudas. Alicante no sólo destruye empleo en los servicios (la mitad de los 44.441 puestos destrozados en el 2009) y en la construcción (la cuarta parte del nuevo paro), sino también en sectores que, como la agricultura, siempre han capeado el temporal. Ya ocurrió en la crisis de los años 92 y 93. Las agricultura se convirtió en refugio natural del paro generado por el ladrillo y las hostelería o el comercio, así como por la industria.

Ahora, se junta el hambre con las ganas de comer. Porque el campo alicantino atraviesa una de sus crisis estructurales más severas, como ayer se encargó de recordar el delegado provincial de La Unió, Juan Pastor, productor de vid, de frutos secos y de fruta de verano que asegura que este año no obtendrá rentas suficientes ni para cubrir el umbral mínimo de explotación de sus fincas.

En Alicante hay a día 31 de diciembre del 2009 32.285 demandantes de empleo parados de origen extranjero. De ellos, 1.478 corresponden al sector agrícola. Hace doce meses, ese número era de 852, lo que supone un incremento interanual del 73%, sólo superado en el caso de Valencia, donde la destrucción de empleo agrícola extranjero se ha disparado en el año de la crisis un 99%.

Ni provincias punteras en producción hortofrutícola como Almería, Murcia, Huelva, Lleida, ni las grandes urbes (Madrid y Barcelona) superan a las dos principales provincias de la Comunidad Valenciana en aumento del desempleo de braceros inmigrantes . En el caso de Madrid ese aumento es casi imperceptible y en Barcelona no sólo no se destruye empleo extranjero en la agricultura, sino que se crea, lo que apunta aún con más fuerza a la enorme fractura que sufre el mercado laboral alicantino. Y también el sector agrícola.

El delegado de La Unió, Juan Pastor, lo tiene claro: «Es normal que suba el paro extranjero en el sector, porque es lo que venimos diciendo en los últimos meses, con una bajada media este año de los precios del campo del 40%». Pastor asegura que la crisis estructural del campo alicantino es más severa en las comarcas de interior y en la Vega Baja. «En otras ocasiones, se capeaba el temporal, pero en ésta, con la campaña tran desastrosa para todo tipo de frutas y hortalizas, las rentas están bajo mínimos y es muy normal que aflore todo ese paro extranjero y español», añade Pastor.

Más abandonos

Un ejemplo. Los agricultores del Alto Vinalopó, con implantación de uva para vinificación, necesitan entre 28 y 30 céntimos para recoger un kilo del fruto. Sin embargo, sólo se paga en la bodega a 12 céntimos. «Con este dinero, ni podemos contratar a nadie ni podemos hacer nada, porque, encima, el dinero lo cobramos de la cooperativa en julio del 2010 y durante el año siguiente», se lamenta Pastor.

Asegura que esta situación se puede hacer extensible a la Vega Baja. A los productores de hortalizas, como el bróculi, las alcachofas y la patata. Informa de que los agricultores siguen abandonando parte de sus extensiones debido precisamente a que no pueden contratar a gente para las campañas de recolección por las bajas rentas obtenidas. Es una situación que incluso se traslada a un cultivo intensivo y hasta ahora rentable: el del tomate. Asegura que los grandes productores están a la expectativa por ver cómo queda el nuevo acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos antes de decidirse a sembrar más cultivos. Por si no fuera poco con la caída de precios en origen (que no en el mercado finalista) y el aumento de los costes de explotación, los agricultores añaden un nuevo obstáculo: los seguros han subido entre un 30% y un 40% debido a la caída en igual porcentaje de las subvenciones de Enesa (ente asegurador estatal del Ministerio) y, en consecuencia, también de la Conselleria, según Pastor.