La decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir el permiso de residencia para empadronarse ha sido presentada por sus mentores como un intento de «poner orden» en la inmigración, simplificar los trámites y eximir a los funcionarios de tomar decisiones caso por caso, y, finalmente, como un ejercicio de responsabilidad para facilitar la integración de los inmigrantes .
Estas buenas intenciones, sin embargo, se compadecen mal con los perjuicios que la medida puede ocasionar a las personas concretas a las que, en teoría, se quiere proteger. El principal, la pérdida por parte de los no admitidos de derechos básicos y fundamentales como el acceso a la sanidad y a la escolarización, que a nadie se pueden negar. Hasta ahora, para ejercerlos únicamente había que estar empadronado y para ello bastaba, como ocurre en el resto de municipios españoles, con la presentación de un documento de identidad.
La decisión unilateral del Ayuntamiento de Vic de cambiar los criterios viola un acuerdo del pasado mes de octubre de las dos asociaciones de municipios catalanes y peca además de ineficacia por varias razones. En primer lugar, porque la policía, a la que se pretende delatar al inmigrante sin papeles, ya ha manifestado que no va a perseguir a los denunciados por ese único motivo y, en segundo, porque, como han puesto de relieve algunos partidos y sindicatos, solo se conseguirá que los inmigrantes se empadronen en otro municipio cercano.
Vic tiene un 23% de población extranjera, dato que ha abonado la expansión del partido xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC), que en las últimas elecciones pasó de uno a cuatro conceja – les, los mismos que el PSC, empatando en el segundo puesto, tras los ocho regidores de CiU. El alcalde, de CiU, gobierna con el PSC y con ERC (dos concejales).
Dados estos antecedentes, muchos interpretan la medida como una manera de frenar el crecimiento de PxC en las municipales del año próximo. Pero, ¿para detener la xenofobia hay que aproximarse a sus ideas y sus métodos? ¿Pueden partidos de gobierno como CiU, el PSC o ERC suscribir afirmaciones del líder de PxC, Josep Anglada, como la de que «las personas ilegales (sic) no tienen derecho a asistencia médica, social o escolar»? Los dirigentes nacionales de esos partidos deberían aclarar la situación, porque una cosa es controlar la inmigración y otra muy distinta restringir los derechos de las personas.