Existe en España un Gobierno autonómico que está dispuesto a tensar al máximo los límites de la Constitución por motivos económicos e ideológicos. Y no, no es el de Catalunya. De hecho, es la Comunidad de Madrid, el más puro antagonista político de las reivindicaciones catalanas de un mayor autogobierno, cuyo Ejecutivo busca incluso liderar un frente común autonómico para forzar al Estado a que abone la factura de los abogados de oficio. Un derecho gratuito universal reconocido por la Carta Magna y cuya gestión está transferida a las comunidades, que el Gobierno de la popular Esperanza Aguirre quiere restringir por ley a partir de este mes.
La presidenta considera «abusivo» el uso que se está haciendo de la justicia gratuita en casos relacionados con la inmigración ilegal y con los delitos de seguridad vial, y ha encargado la elaboración de un decreto, que pretende aprobar en enero, para limitar la prestación del servicio a aquellos detenidos que pueden justificar que no tienen recursos para pagar a un letrado.
Los principales afectados, en el caso de que la iniciativa prospere, serán los extranjeros retenidos en el aeropuerto de Barajas cuando intenten entrar ilegalmente en el país. Estos tienen también derecho a contar con un abogado de oficio, en virtud de la Constitución y de varias leyes que la desarrollan como la de enjuiciamiento criminal, la de justicia gratuita y la de extranjería.

ACTUACIONES «FRAUDULENTAS» / Otros dos colectivos a los que se persigue son los acusados por delitos de tráfico (exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol) en juicios rápidos y los que tramitan demandas laborales en los juzgados de lo social. El Gobierno autonómico de Madrid asegura que en los tres casos han detectado actuaciones «fraudulentas» que «desnaturalizan» el concepto de la justicia gratuita. Apuntan a algunos abogados del turno de oficio que, presuntamente, alargan los procedimientos de expulsión de inmigrantes, pese a que su defendido ya no está en España y se halla en paradero desconocido. Y también a los propios clientes, en vistas por multas o despidos improcedentes. «Aunque el detenido sea inmensamente rico, le tenemos que sufragar la justicia gratuita. Eso no se puede soportar», asegura Aguirre.
Diferentes asociaciones de defensa de inmigrantes han criticado ya el futuro decreto por considerarlo «discriminatorio» y «contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia». El Partido Socialista de Madrid (PSM) pone en duda la «constitucionalidad» de la medida, que tacha de «seudoxenófoba», y acusa al PP de querer «ocultar» su deficitaria gestión de la administración de justicia en la comunidad, con la paralización de la construcción del Campus de la Justicia en Valdebebas (junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid), como principal evidencia. El Colegio Oficial de Abogados de Madrid coincide en la denuncia, de la que es víctima directa, ya que aún no ha cobrado del Gobierno de Aguirre la factura completa del 2009 correspondiente al turno de oficio.

REUNIÓN CON CHAVES / La Comunidad de Madrid calcula que este servicio le cuesta 50 millones de euros anuales y quiere convocar este mes una reunión de consejeros autonómicos para consensuar una estrategia conjunta ante el Ejecutivo estatal, en pos de reclamarle que asuma ese gasto. La presidenta madrileña alega que la financiación extra de esta prestación no estaba prevista en las competencias judiciales traspasadas a su comunidad. Y solicitará por ello un encuentro con el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, en el marco de la comisión bilateral mixta de transferencias. Un organismo que el PP tiene recurrido en el Estatut catalán ante el Tribunal Constitucional.