Tres familias de etnia gitana se resisten a escolarizar a ocho niños de entre siete y 14 años de edad en Lleida Lleida

El Ayuntamiento de Lleida, con el apoyo del Departament d’Educació de la Generalitat, denunciará a tres familias de etnia gitana a la Fiscalía por no llevar a sus hijos a la escuela. Los afectados son, en total, ocho niños de entre siete y 14 años. Además, las administraciones acusan a las familias de rechazar reiteradamente las ayudas que se les han ofrecido para hacer frente a esta situación y cumplir con a escolarización obligatoria de los menores.

Éste no es el primer caso que ocurre algo similar, aunque las medidas contra el absentismo adoptadas por el consistorio de la capital leridana han empezado a dar fruto y estas situaciones se han convertido cada vez en algo más excepcional. Una de las opciones que mejor resultados ha reportado ha sido la creación de la figura del mediador, también de etnia gitana, que dialoga con las familias con casos de absentismo.

Sin embargo, en el caso de estas tres familias esta figura ha sido rechazada, así como la intervención de los servicios sociales. El plan de lucha contra el absentismo de la Paeria incluye un autobús gratuito para las familias que viven alejadas del centro, que empezó a funcionar el curso pasado y que aportó otro granito de arena a la escolarización, y también contempla que los agentes de la Guardia Urbana que vean niños en la calle en horario escolar lo notifiquen a los servicios sociales.

Las tres familias que Educació y el Consistorio prevén denunciar ahora residen en tres de las zonas de la capital donde son habituales este tipo de conflictos. Se trata del casco antiguo y la Mariola, donde numerosas familias sufren situaciones económicas precarias y riesgo de exclusión social, y el barrio de Magraners, muy apartado del centro urbano.

A pesar de estos casos «extremos», el concejal de educación, Jesús Castillo, aseguró que el absentismo se ha reducido considerablemente los últimos cursos y que ahora afecta sólo al 1% del alumnado con escolarización obligatoria, es decir, de entre seis y 16 años. En 2008 hubo 185 casos, de los que tres llegaron también a la Fiscalía. Todos ellos se resolvieron a favor de los niños y se consiguió que volvieran a la escuela.