«La Comunidad no va a seguir alimentando un año más el fraude de la justicia gratuita». Ese fue el tajante anuncio a navegantes de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ayer, en la inauguración de uno de los 24 órganos judiciales que entraron en funcionamiento.

No era la primera vez que la responsable autonómica hacía alusión al elevado coste para las arcas regionales de la justicia gratuita, si bien nunca había pasado de la mera queja. El problema, tal y como explicó Aguirre, es que este servicio es «únicamente para los madrileños y extranjeros que no tienen medios económicos». Sin embargo, su abuso en cuestiones relacionadas con Extranjería y todas las materias que judicializan los inmigrantes que entran por Barajas; los asuntos vinculados a la seguridad vial en virtud de la nueva legislación de Tráfico y la confusión generalizada de turno de oficio con justicia gratuita, suponen unos elevados costes no sólo en el número de asuntos que deben ser dirimidos en los juzgados, sino económicos. Éstos han pasado de 0 a 50 millones al año.

De ahí que Aguirre lanzara su claro mensaje contra la «desnaturalización» de la justicia gratuita, un servicio que deben seguir prestando los poderes públicos a quien de verdad lo necesite. «Es escandaloso que hayamos prestado esa asistencia a un sobrino de Bin Laden, que tiene más dinero que todos los madrileños juntos». En una situación de crisis como la actual, «no podemos seguir sufragando esa cuantía, no prevista en el marco de las transferencias, y que nos hace aparecer como deudor del Turno de Oficio».

«Limitar un derecho»

Para atajar la «ligereza» con la que se dispensa, en enero la Comunidad aprobará un decreto que obligará a acreditar la insuficiencia de recursos y exigirá al Gobierno central que arbitre una solución y le devuelva lo invertido.

Para el PSM, Aguirre pretende limitar un derecho constitucional «con el objetivo de machacar al turno de oficio, que lleva más de un año enfrentado al Gobierno».