Sepultados y colapsados por el papeleo. Esa será la situación en la que se van a encontrar las comunidades autónomas por el incremento de obligaciones administrativas que tendrán que asumir ahora, tal y como establece la reciente reforma de la Ley de Extranjería. Para el Gobierno regional eso significa realizar un volumen de expedientes anuales del orden de 100.000 a 300.000, una cifra «que nos llevará al colapso», subrayó a ABC el consejero de Inmigración, Javier Fernández – Lasquetty.

Las consecuencias del nuevo texto legal no solo afectarán a la población a la que va dirigida (el 17,1% de los habitantes de la Comunidad), sino al papel que los gobiernos autónomos deberán realizar a partir de ahora. Todo ello conllevará una excesiva «burocratización» debido a los nuevos requisitos para ambos, con la consiguiente ralentización de los procesos, así como más gasto para las administraciones. «Todos saldremos perjudicados», recalcó .

Sin debate previo

Ahora, según la flamante normativa, los Gobiernos regionales podrán evaluar «el esfuerzo de integración de los inmigrantes por medio de informes» para cada trámite de extranjería que tengan que realizar tales como reagrupación familiar, arraigo, renovaciones de permisos de residencia y trabajo, e, incluso, obtención de la nacionalidad, explicó Fernández – Lasquetty.

El nuevo ingrediente lo introdujo CiU en la tramitación parlamentaria de la reforma de la norma, «sin que hubiera debate previo y ante el desconocimiento de la opinión pública», un aspecto que el consejero del Gobierno regional consideró «muy grave».

Toda esa carga de trabajo requerirá habilitar los medios humanos y materiales necesarios sin que en la memoria económica de la ley se recoja ninguna partida al respecto, explica. «Es un caso más en el que el Gobierno central (PSOE) llega a pactos legislativos (CiU y CC) e impone nuevas tareas sin dar ni un solo euro», subrayó el consejero de Inmigración.

Otro aspecto a tener en cuenta es el cómo se mide «el esfuerzo de integración». Hasta ahora, cuando ese requisito no existía, bastaba con tener un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales, y en caso de tener hijos, que estuvieran escolarizados. Unos requisitos totalmente objetivos. Ahora, ese «esfuerzo» que nadie sabe cómo se evaluará, en qué casos (todos, algunos…) y bajo qué criterios, podría introducir criterios subjetivos «fiscalizadores» de no ser acotados. Y, en el caso concreto de Cataluña, podrían estar relacionados con el grado de inmersión lingüística, «lo que significaría un trato diferente en función del lugar de residencia».

Recurso en el Supremo

A la espera de que el reglamento – que, para más «inri» se modificó antes de que se aprobara la reforma de la ley, aclare, ese extremo – , Lasquetty ha pedido expresamente al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que dicho documento se debata y consensúe con todas las Comunidades autónomas. Algo a lo que el titular del Gobierno central se ha comprometido.

En una reunión reciente de la Conferencia Sectorial de Inmigración tanto Madrid como Valencia y Murcia expusieron al ministro su «preocupación» por la «excesiva burocratización» que acarreará la nueva legislación sin que ello suponga más dinero. Además, se quejaron del recorte del Fondo de Acogida para la Integración de Inmigrantes, que en 2010 destinará la mitad a las autonomías, al pasar de 200 millones a 100.

Otro aspecto polémico es que tanto Cataluña como Andalucía podrán conceder permisos iniciales de residencia y trabajo, tal y como recogen sus nuevos estatutos y les faculta el reglamento de la ley, cuestión que el PP ha llevado ante el Supremo por «inconstitucionalidad», al entender que «los flujos migratorios son competencia exclusiva del Estado» y «que ninguna región puede constituirse en árbitro que regule una cuestión de este calibre, teniendo en cuenta que la población se mueve y pueden trasladarse a cualquier región», aseveró.