Una inspección impulsada por la sección de Extranjería de la Fiscalía de Valencia acredita que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, cumple perfectamente su función, tanto en lo que se refiere a la atención de los internos como a las condiciones de habitabilidad del centro. Lo significativo de esta inspección, que se realiza de forma rutinaria cada trimestre, es que se produjo inmediatamente después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciara, a través de un informe, que los internos del Zapadores sufrían malos tratos por parte de los policías del centro.
En ese informe presentado el 9 de diciembre y que todavía puede ser consultado en la página web de la organización CEAR denunciaba torturas, hacinamiento en las celdas o ausencia de inodoros «que obliga a los internos a usar botellas de agua vacías por la noche para hacer sus necesidades».
Una semana después, el fiscal de Extranjería de Valencia, Antonio Montaves, acudió personalmente al centro de Zapadores acompañado por otro fiscal de la misma sección para realizar una inspección y posterior informe por orden del Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Entrevistas aleatorias
El 16 de diciembre, día en el que ambos fiscales realizaron la inspección, el centro de Zapadores se encontraba al máximo de su ocupación, con un total de 120 internos, de entre los cuales ocho son mujeres.
Pese a que los policías del CIE habían realizado una preselección de internos, los funcionarios judiciales optaron por escoger de forma aleatoria a los inmigrantes a los que realizarían las entrevistas. Eligieron catorce internos, entre ellos dos mujeres. Según fuentes del Ministerio Fiscal, todos llevaban bastante tiempo en el centro y la mayoría había superado el ecuador del tiempo de internamiento máximo permitido (45 días). Uno de ellos, incluso, estaba a punto de ser repatriado a su país de origen.
La elaboración del informe de la Fiscalía que desmonta las tesis de CEAR se fundamenta en entrevistas personales realizadas por los dos fiscales a cada uno de los catorce extranjeros. En ellas, se les preguntó a si habían sido objeto de malos tratos, si les constaba que otros internos lo hubieran sido, si habían visto u oído tratos vejatorios o si algún compañero les había narrado algún caso de maltrato. La respuesta a todas esas preguntas fue negativa.
Instalaciones correctas
Según la Fiscalía, los entrevistados tampoco manifestaron tener quejas ni por las instalaciones o las condiciones de habitabilidad del centro, así como tampoco por la comida ni por la atención recibida.
Los dos fiscales pudieron constatar de primera mano el «perfecto acondicionamiento» del edifico que alberga a los inmigrantes en contraste con el estado de deterioro en el que se encuentran las instalaciones policiales. De hecho, aunque ambos edificios están enclavados en el mismo acuartelamiento, CEAR reconoce en su informe que el edificio en el que se alojan los inmigrantes es una construcción de unos tres años de antigüedad.