pamplona. Los investigadores deben poner mil ojos en cada documento que pasa por sus manos. Las mafias que atraen a extranjeros hasta la Comunidad Foral, bien con documentación falsa, mediante engaños y estafas o sometiéndoles a un abuso laboral flagrante, tienen cada día redes más perfeccionadas e instrumentos sofisticados para eludir la permanente vigilancia policial, clanes que enraízan su logística en cuatro continentes y en países tan diversos como Portugal, Rumanía, Brasil, República Dominicana, Nigeria, Marruecos, países de la extinta URSS o Pakistán.

En los últimos cinco años los grupos de investigación de Policía Nacional y Guardia Civil que se encargan de detectar el tráfico ilegal de extranjeros por Navarra, así como de perseguir los delitos relacionados con la explotación laboral de compatriotas, han conseguido liberar a 453 trabajadores, que estaban al servicio de patronos sin escrúpulos, que les obligaban a emplear en regímenes de semiesclavitud, cobrando sueldos ínfimos por sus labores generalmente agrícolas y alojados en condiciones paupérrimas.

La mayoría de esas personas contraen deudas altísimas para sus posibilidades con el fin de llegar a trabajar en Navarra. Esas deudas oscilan en cantidades entre 6.000 y 50.000 euros (esta última es la cantidad exigida a mujeres nigerianas que son captadas por redes para ejercer la prostitución. Tardan casi tres años en saldar la deuda contraída). “El dinero que se le exige al trabajador depende del esfuerzo y de los problemas que tengan para hacerles llegar hasta aquí. No es lo mismo traerles de Marruecos que cruzar el charco desde América o traerlos desde Asia”, dicen los expertos policiales. La actuación policial en el ámbito penal la completa la Inspección de Trabajo, que acude por lo general con los investigadores, en el ámbito administrativo. Han sido auxiliadas a través de inspecciones, frecuentes en las campañas agrícolas como por ejemplo de la vendimia, unas 70 personas.

En Navarra se han detectado numerosos casos de este tipo de explotación, tanto laboral como sexual. Los policías no tienen dudas del fraude y la maquinaria inmensa que lleva implícita. Estas mafias poseen múltiples tentáculos y, a veces, al cortar una cabeza aparecen por debajo otras diez. No en vano, “es delincuencia organizada”, certifica uno de los jefes de Extranjería. Desde 2005 han sido arrestadas hasta 79 personas por delitos contra los derechos de los trabajadores. En Milagro, un ciudadano portugués pudo escapar de la garra de sus patronos y destapar una explotación en toda regla. “Vino con mucho miedo a vernos. Se había escapado por unos caminos de la choza donde vivía y había acudido a Cáritas. De ahí nos lo trajeron y contó que él y varios compatriotas dormían en colchonetas en el suelo, algunos lo hacían en el granero, casi a la intemperie, pasando frío, con condiciones abusivas y comiendo media barra de pan, una lata de sardinas o de atún. Después, el sueldo que les daban era de cinco euros”.

En éste, como en tantos otros casos, el empresario navarro que les empleaba no era consciente, al menos del todo, de la situación en la que vivían esos hombres. “El bodeguero pagaba al jefe de la cuadrilla y ponía en cada talón el nombre de cada trabajador. Pero esos talones siempre los cobraba el jefe de la cuadrilla, que hacía con el dinero lo que le daba la gana”, responde el investigador de la brigada.

auxilio masivo En la mayor redada ejecutada en Navarra contra este tipo de delincuencia, la Guardia Civil consiguió liberar en la Operación Lusa a 91 obreros (todos ellos portugueses salvo 8 españoles, dos angoleños, un mozambiqueño y un polaco) que empleaban en régimen de esclavitud encubierta. Fue en marzo de 2007 y ahí sí que a los empresarios para los que trabajaban les fueron imputados también delitos de explotación laboral. Actuaban en connivencia con los intermediarios. Además de no recibir la mayor parte de sus sueldos, estos trabajadores “vivían en unas condiciones penosas, de hecho, debían realizar sus necesidades en la vía pública por carecer de aseo la residencia facilitada por los patronos”.

Aun cuando el empresario final pagaba 6 euros por hora trabajada (9 diarias, con un intermedio de una para comer, de lunes a sábado), el patrón o intermediario sólo dejaba a los trabajadores con entre 10 y 15 euros a la semana, más el alojamiento, la comida y también un cartón de tabaco. Esto supone que el patrón se quedaba con más de 300 euros a la semana por trabajador explotado, que además carecía de contratos y de Seguridad Social. Pero no hace falta retrasarse tanto en el calendario. El 30 de noviembre de este año, hace menos de un mes, la Guardia Civil dio por cerrada la Operación Carriña, en la que se liberó a 64 trabajadores y se detuvo a otras 10 personas. El modus operandi era similar. Captaban a los obreros en estaciones de transporte público o en albergues de Portugal, eran en su mayoría casi analfabetos y les hacían trabajar en labores agrícolas con una miserable retribución económica.

el “boom”, hace una década El jefe de la brigada de Extranjería de Policía Nacional señala que se detectó la presencia de este tipo de mafias en el Estado hace algo más de una década, “cuando España empezó a recibir muchos inmigrantes por el boom económico y empezó a solicitar visados a los ciudadanos de países que antes no lo requerían. Entonces empiezan a operar este tipo de grupos, que piden un dinero por el viaje, por asesorar para cruzar la frontera o por ofrecer un empleo en el país de destino”.

Uno de los delitos más comunes entre los extranjeros vinculados a este tipo de mafias es la falsedad documental. El régimen comunitario, para ciudadanos de alguno de los 27 país de la UE, exime de permiso de trabajo y de residencia, documentos imprescindibles para aquellos sometidos al régimen general al no pertenecer sus países de origen a la UE. De este modo, los investigadores han arrestado desde 2005 a casi 100 personas por falsedad documental (falsificación de DNI) y a más de medio centenar por el favorecimiento de la inmigración ilegal (entrada irregular con permisos de trabajo falsos). En este tipo de actividad delictiva es común la aparición de ciudadanos brasileños que utilizan pasaportes portugueses, libios que se hacen pasar por italianos, o incluso dominicanos que suelen utilizar documentación falsa para entrar en territorio comunitario a través de las fronteras terrestres de Turquía. También los ucranianos, moldavos y bielorrusos usan tarjetas de identidad lituanas, nacionalidad que sí está englobada en la UE. El objetivo, en todos los casos, es que alcancen el país de destino, “una vez aquí ya tienen mil maneras para organizarse”.

una letra, otro pasaporte En uno de estos casos, un ciudadano eslavo consiguió dar esquinazo a las autoridades policiales hasta que quiso recuperar su verdadera identidad. En connivencia con el empresario navarro que le contrató, dedicado al sector de la alimentación, obtuvo una identidad falsa lituana, estuvo cotizando como tal en la Seguridad Social y, al cabo de tres años, cuando por arraigo social puede solicitar la nacionalidad española, cambió una sola letra de su nombre y nos solicitó la documentación nueva con su auténtica identidad, que no era lituana. “No es un caso de explotación, pero evidentemente era un fraude en el que además el obrero no podía obtener derechos”.

Además del negocio de la prostitución, los sectores más propicios donde se cometen las mayores irregularidades con los empleados son la construcción y el sector primario, tanto en agricultura como en ganadería. En lo relativo al primero, a principios de año los policías imputaron un delito a un empresario de la construcción de la Barranca que contrataba a paquistaníes procedentes de Oriente Medio, donde cobraban sueldos bajísimos y trabajaban en condiciones pésimas. La contratación se producía en origen y el viaje les suponía a los obreros una deuda de entre 10.000-15.000 euros por traerles a España. “El trabajador tenía que emplear 8-10 meses para poder saldar esa deuda, un periodo de tiempo durante el que no cobraban nada. Sin embargo, los propios trabajadores lo consideran un peaje que pasar hasta ganar un dinero. Prefieren estar así, pagando su deuda y después poder obtener un sueldo digno, que denunciar y arriesgarse a quedarse sin trabajo”.

la expulsión, la pena más grave El miedo. Se repite en todos los casos. Sobre todo el miedo a la expulsión del país. “Es la pena más grave que puede sufrir un extranjero. A muchos les cuesta enormemente llegar a Europa”, comentan los mandos policiales. En otros casos, como los temporeros portugueses o rumanos que emplean en labores agrícolas, no tienen que soportar estos peajes. Tienen fronteras libres para circular por los países europeos. “Pero se aprovechan de ellos por su incultura o por sus circunstancias personales, mediante engaños, y una vez aquí empiezan a comprobar que el sueldo pactado es mucho menor, que les descuentan el alojamiento y la comida…”, dicen desde la Brigada de Extranjería.

Para denunciar este tipo de hechos, los cuerpos policiales trabajan en sintonía con las ONG, acuden a los lugares sospechosos con inspectores de trabajo y mantienen contacto directo con los Ayuntamientos y policías locales para observar si hay asentamientos de recolectores que acuden a la temporada de un producto determinado. “Si vemos que la vendimia se recoge de manera manual, investigamos porque estamos seguros de que habrá trabajadores irregulares”.