Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno que promueva una investigación urgente sobre violaciones de derechos humanos que denuncia se producen en centros de protección de menores terapéuticos, exige mayor protección legal y que se elabore un protocolo de supervisión de estas instalaciones.

En el informe “Si vuelvo, ¡me mato!”, esta organización recoge denuncias de menores que han vivido en esos centros, en los que ingresan por trastorno de conducta o por encontrarse en situación de dificultad social, y realiza una investigación centrada en tres comunidades: Andalucía, Cataluña y Madrid, donde se halla el 55% de ellos.

Expone que muchos de los menores que ingresan en los centros bajo la protección y el cuidado de las administraciones, son sometidos a castigos (atados, amordazados), ingresados en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones.

Sara Caras, una de las menores que estuvieron ingresadas en el centro malagueño Dulce Nombre de María, donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia, cuenta lo siguiente: “Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en un silla, a la que había estado atada durante doce horas”.

AI reclama que el Gobierno elabore junto con las comunidades protocolos para contar, controlar y supervisar todos los centros de protección terapéuticos, y que se reforme la Ley del Menor.