DONOSTIA. El Gobierno Vasco quiere ampliar la renta de garantía de ingresos – antigua renta básica – a todos jóvenes que hayan estado tutelados por la Administración. Precisamente, hace sólo unos meses el Departamento de Asuntos Sociales denunció que la Diputación de Gipuzkoa aprobara un nuevo subsidio para las personas que no podían acceder a la renta básica entre los que estaban los jóvenes tutelados por la institución foral que alcancen la mayoría de edad, lo que creó cierta polémica entre ambas instituciones.

El Parlamento Vasco aprobó el año pasado la Ley de Servicios Sociales, que establece las prestaciones que se ofrecerán desde la Administración en la CAV. Ahora, cada prestación está siendo regulada vía decreto, lo que supone que la aprobará de forma unilateral el Gobierno Vasco. Aunque existen órganos consultivos como la Comisión Institucional de Servicios Sociales – en la que están representadas también las tres diputaciones y Eudel – y el Consejo Vasco de Servicios Sociales – en el que también se integran las asociaciones del tercer sector – , su papel es meramente consultivo y la última palabra está en manos de la consejería de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige Gemma Zabaleta.

El decreto de la renta de garantía de ingresos está aún sin aprobar, aunque ya existe un borrador, al que ha tenido acceso este periódico, y todo parece indicar que será aprobado antes de finalizar el año, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2010. Sí que se ha aprobado, y entrará en vigor esa misma fecha, el complemento de vivienda, que garantizará 320 euros para el pago de alquileres a las personas que estén cobrando la renta básica.

El decreto que regulará la renta de garantía de ingresos establece una serie de requisitos para percibir esta prestación, como estar empadronado en un municipio de la CAV, no disponer de recursos suficientes o no estar en prisión. La ayuda económica sólo se puede recibir a partir de los 23 años, aunque excepcionalmente también se puede cobrar desde los 18, en casos de especial necesidad. Concretamente, en casos de personas que sean huérfanas de padre y madre, hayan sido víctimas de maltrato doméstico, cobren pensiones de invalidez, tengan a su cargo a menores o adultos dependientes, o estén casados. También lo podrán recibir las personas “que han dejado de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad, y se encuentren en servicios de alojamiento de emancipación orientados a la inclusión social”.

En ese punto se incluiría a los menores que hayan sido tutelados por la Diputación, que tendrán derecho, al cumplir la mayoría de edad, a percibir la renta de garantía de ingresos, con un importe de entre 640 y 910 euros, dependiendo del número de miembros de la familia.

El borrador del proyecto sí incluye el añadido de “siempre que se encuentre formalizado el correspondiente Convenio de Inclusión”, lo que se traduce en un compromiso, por parte del perceptor, de una búsqueda activa de empleo o formación.

Al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes que han estado tutelados por la administración – las diputaciones en este caso – , conviven en pisos tutelados con educadores y completan su proceso de formación, para continuar con su proceso de integración social. Cabe la posibilidad de que esta medida desincentive la participación en estos programas, al excluir a los jóvenes que participen en un “alojamiento de emancipación orientados a la inclusión social”, de percibir el dinero.

polémica En Gipuzkoa, la Diputación aprobó un subsidio para los colectivos que no pudieran acceder a la renta básica el pasado verano. Principalmente, el problema para algunos colectivos era no llevar un año empadronado en la CAV, requisito exigido para recibirlas. También se incluía a los menores, autóctonos o extranjeros, que hubieran estado a cargo de la institución foral y que, al cumplir los 18 años, dejaban la tutela de la Diputación.

Gemma Zabaleta criticó entonces que la ayuda creara diferencias entre territorios, aunque en Bizkaia existían ya partidas similares, y se mostró dispuesta a modificar la Ley de Garantía de Ingresos para paliar esas diferencias y homogeneizar los criterios.