donostia. Las tres diputaciones vascas acogen en estos momentos a más de 700 menores inmigrantes, una cifra similar a la de comunidades como Andalucía y sólo por detrás de Canarias. La situación ha saturado los servicios sociales de las tres instituciones e incluso la Fiscalía está investigando presuntos pagos a menores extranjeros para que se trasladen a Euskadi, ya que, por ejemplo, Madrid sólo atiende a 120 y Valencia a cerca de un centenar.

Esta situación podría agravarse con el nuevo decreto sobre la renta básica del Gobierno Vasco, ya que la Comunidad Autónoma Vasca será la única comunidad autónoma que ofrezca una prestación económica a los menores extranjeros automáticamente al cumplir la mayoría de edad, sin tener que esperar a los 23 años. Y una prestación sustancialmente superior a la de otras comunidades: mientras aquí alcanzan los 640 euros para una familia – unidad convivencial – de un miembro, en Murcia se limita a 300 euros, a 369 en La Rioja y a 370 en Madrid. Navarra, con una renta básica de 561 euros, es la que más se aproxima a lo que se abona en la CAV.

Podría producirse un efecto llamada entre los menores inmigrantes que llegan al Estado, ya que sólo con haber pasado un tiempo bajo la tutela de las instituciones vascas tendrían derecho a esta prestación. Aunque la renta de garantía de ingresos la abona el Gobierno Vasco, hasta que cumplen los 18 años la manutención de los menores corre a cargo de las diputaciones, que podrían ver más desbordados sus servicios.