Una nueva reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor ayer en España contempla, entre otras novedades, la protección a las extranjeras maltratadas, limita la reagrupación familiar y amplía el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares hasta sesenta días.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la normativa, que fue aprobada el pasado 26 de noviembre en el Parlamento español. Se trata de la cuarta reforma en los últimos ocho años. Para evitar actuaciones fraudulentas, como los matrimonios de conveniencia, la promoción de la inmigración irregular o el falseamiento de los datos para el empadronamiento, la ley prevé nuevas sanciones.

Igualmente aumenta las sanciones económicas para todas las infracciones tipificadas, que pueden alcanzar hasta los 750.000 euros (unos 1.102.500 dólares). La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge “cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”.

Además, la normativa amplía el plazo de internamiento, que pasará de los 40 a los 60 días, y concede un plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión. También reconoce los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los extranjeros, así como el derecho a la educación hasta los 18 años y la asistencia jurídica gratuita.

Asimismo, el nuevo texto crea un registro para controlar las entradas y salidas de extranjeros y, por primera vez, se ofrece a las extranjeras víctimas de violencia machista la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales para facilitar la denuncia.

Si hay condena, se le concede el permiso de residencia y trabajo, mientras que en caso contrario, y si es irregular, se tramita un expediente sancionador. Además consolida la política migratoria que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo español.

Del mismo modo permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las regiones competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia, entre otros asuntos.