Una joven saharaui protesta con fotos de Aminatu ante la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid. :: AFP

La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), denunciaron ayer la «hipocresía política y la doblez» empleada por el Gobierno que, según dicen, podría haber solucionado el caso. Estos dos sindicatos respondieron de esta manera a las declaraciones de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien ayer responsabilizó a la Policía de autorizar la entrada en España de la activista saharaui Aminatu Haidar el pasado 14 de noviembre.

«El Gobierno pretende protagonizar un intolerable ejemplo de cómo eludir su responsabilidad al imputar al Cuerpo Nacional de Policía y especialmente a un inspector de la plantilla del aeropuerto de Lanzarote, el origen del conflicto internacional generado por la entrada en España de Aminatu Haidar», dicen estos dos sindicatos, que acusan a De la Vega de sumarse «al más que cuestionable comportamiento de la Delegada del Gobierno en las Islas Canarias, Carolina Darias, y de la Jefa Superiora del archipiélago, Concepción De Vega». La vicepresidenta De la vega aseguró qyer que la decisión se adoptó «en el ámbito de las autoridades de la Policía de Fronteras».

«La vicepresidenta miente y el presidente no se entera. Es vergonzoso que echen la culpa la policía a la que tanto usan para colgarse medallas», denunció en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien explicó que «lo que hubo en este caso fue una deportación y una detención ilegal hecha desde Marruecos con la complicidad del alguien desde España. «Si fue un político que sea cesado o dimita y si fue un policía lo mismo», añadió.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaó que la entrada en España de la activista Aminetu Haidar con un permiso de residencia expedido por razones humanitarias como única documentación la gestionaron «autoridades administrativas» y se produjo «conforme a la ley».

Por otra parte, Zapatero atribuyó a «la prudencia y la responsabilidad» su negativa a que el Rey medie ante Marruecos por la situación de Aminatu Haidar. El Gobierno cree que, pese a las presiones desde diferentes sectores, tiene bien encauzadas las gestiones ante las autoridades de Rabat para encontrar una salida al problema. Es más, fuentes gubernamentales mostraron por primera vez en muchos días un cierto optimismo sobre un desenlace positivo del caso.

El jefe del Ejecutivo señaló tras la reunión del Consejo Europeo de Bruselas que «de momento» los buenos oficios de don Juan Carlos no son necesarios porque España tiene «volcada toda su capacidad diplomática» para resolver el entuerto creado y, además, es necesario «preservar» la figura del jefe del Estado. El Gobierno considera que se corría un riesgo con la implicación del Rey en la crisis con Marruecos, ya que el éxito de su gestión no está garantizado y un fracaso dejaría en situación muy delicada su papel para el futuro, y los vínculos hispano – marroquíes sufrirían un serio revés.

Agradeció, de todos modos, la disponibilidad de don Juan Carlos para intervenir, algo, precisó, que no es excepcional, pues «siempre está dispuesto a colaborar» con el Gobierno. Señaló además que algunas intervenciones del Rey en asuntos de Estado en el exterior «ni siquiera tienen trascendencia pública». Apuntó asimismo que estaba al corriente de la carta que envió el líder de IU, Cayo Lara, a La Zarzuela y que, «por supuesto», también estaba informado del contenido de la respuesta porque la Corona y el Ejecutivo trabajan «en perfecta sintonía».

Zapatero insistió en que el marco de resolución del conflicto es la relación bilateral con Marruecos, aunque agradeció los gestos de Estados Unidos y la Unión Europea de las últimas horas. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, conversó el jueves por la noche con el ministro de Asuntos Exteriores del país magrebí, Taieb Fassi – Fihri; y Suecia, como presidente de turno de ‘los 27’, emitió ayer un comunicado en el que insta a Rabat a cumplir «sus obligaciones internacionales en derechos humanos» y ponga los medios para hallar, con España, una «solución positiva» al caso Haidar.

La única intervención multilateral que contempla España, agregó, es la intervención de Naciones Unidas en el contencioso por el Sáhara y su derecho de autodeterminación, un asunto que está «detrás» de la huelga de hambre de la activista.