Tras ganar la consulta sobre los minaretes, la populista UDC promueve otro referéndum con un apoyo récord 
 

PARÍS – El reciente triunfo cosechado ha dado alas a la derecha nacionalista suiza (UDC). Crecidos por el resultado y el apoyo popular brindado en las urnas contra la construcción de nuevos minaretes, el partido populista ha designado ya un nuevo blanco: los criminales extranjeros. La propuesta, que obtuvo el respaldo de algo más de 200.000 firmas –más del doble de las necesarias– en un tiempo récord, contempla la expulsión de toda persona no nacional que haya cometido un delito grave. Entiéndase: desde el condenado por asesinato o violación al traficante de drogas, pero también quien cometa fraude o abuse de las prestaciones sociales. Una medida radical acompañada de la prohibición de volver a pisar suelo suizo por un periodo de entre cinco y diez años, y sobre la que Suiza podría pronunciarse nuevamente el próximo año, una vez despejadas las reticencias.
En otras circunstancias, el texto hubiera recabado sin más problemas el visto bueno parlamentario, pero la conmoción política y social que ha suscitado una clamorosa oposición ciudadana a los minaretes ha instalado un clima de prudencia, y de cierto recelo, respecto a la convocatoria de nuevos referendos.
Es la razón por la que el Consejo de los Estados, la Cámara Alta, devolvió este jueves la proposición a una comisión para que elabore un contraproyecto que lo ajuste además a Derecho. Es decir, para que se adecúe a la Constitución y a los tratados internacionales que, el texto, en su versión actual, podría estar vulnerando.
La asamblea deberá dar su veredicto a primeros de 2010 y explicar si la iniciativa es compatible con la Carta Magna y si infringe las distintas convenciones sobre derechos humanos y derechos infantiles. La posibilidad de que el Parlamento invalide una consulta popular existe pero es altamente improbable. Sólo lo ha hecho en cuatro ocasiones desde 1896. La última vez fue en 1996 por considerar que el proyecto de un pequeño partido nacionalista de expulsar a todo demandante clandestino de asilo violaba la convención de Ginebra.