L A huelga de hambre de la saharaui Aminatu Haidar amenaza con poner peligro su vida a medida que pasan los días o, en el mejor de los casos, con dejarle graves secuelas si no interrumpe su protesta a tiempo. Esa misma huelga de hambre ha provocado un conflicto diplomático entre Marruecos y España y ha puesto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra las cuerdas.

Ese grave problema se inició de forma bastante tonta. Aminatu Haidar, residente en El Aaiun, a su regreso de un viaje omitió rellenar la casilla de la nacionalidad en la ficha que tenía que entregar a su llegada a la capital del antiguo Sáhara español. No lo hizo para no reconocer la nacionalidad marroquí. Sin embargo, para salir del país y regresar lo había hecho con un pasaporte marroquí.

Como saharaui, Haidar no se reconoce ciudadana marroquí, pero en la medida que vive en un territorio bajo la soberanía de facto de Rabat tiene que aceptar los documentos administrativos de Marruecos, como es el pasaporte, si quiere entrar o salir del país. Si acepta el pasaporte, no tenía mucho sentido que se rebelara a la hora de rellenar la ficha de entrada.

La omisión de Haidar fue la excusa utilizada por la policía marroquí para detenerla, retirarle el pasaporte y expulsarla del Sáhara sin documentación. Ningún país puede negar la entrada a uno de sus nacionales ni dejarla sin documentación de manera arbitraria. Al aplicar esa medida sin cobertura legal, Rabat trata a Haidar como si no fuera marroquí lo que, de hecho, supone dar la razón a los saharauis que no se consideran miembros del país que gobierna Mohamed VI.

El Gobierno español cometió un grave error político – y hasta una ilegalidad – al permitir la entrada de Haidar sin documentación, no se sabe si creyendo que le hacía un favor a la militante saharaui o queriendo hacérselo a Marruecos. Las consecuencias de ese error están a la vista.

La protesta de Haidar ha provocado una intensa oleada de solidaridad y simpatía en España y ha situado al Gobierno en un enredo del que no sabe como salir. El apoyo a Aminatu Haidar es comprensible en un país como España en el que una gran parte de su población, al margen de sus posiciones políticas, apoya la causa saharaui y en el que miles de personas se implican cada año en la acogida de niños procedentes de la antigua colonia española y, a través de ellos, se identifican con las aspiraciones de su pueblo.

El paso de los días está agotando a la activista saharaui en huelga de hambre y está aumentando los riesgos para su vida, a pesar de lo cual persiste en mantener su protesta. Los sectores más activos a la hora de apoyar a Haidar elogian sus principios y la firmeza de su voluntad y reclaman respeto para su decisión, a pesar de que esa decisión le conduce a la muerte.

A medida que se agrava la situación de la activista saharaui, quienes le apoyan aumentan la presión sobre el Gobierno español, pero no se ha visto que realicen esfuerzos para persuadir a Haidar de la conveniencia de poner fin a su huelga de hambre.

El Gobierno español se ha equivocado en este caso, pero ahora la solución del caso Aminatu Haidar no está en sus manos, sino en las de Marruecos que no siente la presión que está sufriendo José Luis Rodríguez Zapatero. Al contrario, las protestas españolas y de los saharauis lo único que hacen es activar el nacionalismo marroquí en torno a su Rey y a su gobierno que se sienten reforzados internamente. Y del exterior tampoco están recibiendo presiones especiales. La Comisión Europea se ha desmarcado del asunto diciendo que es una cuestión bilateral entre España y Marruecos, dejándonos con el problema entre las manos.

Por todo ello, no es seguro que a Rabat le preocupe mucho la posibilidad de que Haidar muera a causa de su protesta. A quien debe preocuparnos es a nosotros, a los españoles en general, y de forma más concreta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a todos aquellos que se han convertido en voceros de las demandas de la militante saharaui. Estos últimos deberían ser los más interesados en persuadirle para que no siga adelante, que no siga hasta la muerte, como ha anunciado.

Con independencia de las decisiones políticas que haya que adoptar ante Marruecos para solucionar el problema a medio plazo, el Gobierno español está legitimado para tomar las decisiones que sean necesarias dentro de la legalidad para salvar la vida de Aminatu Haidar si llega el caso. Y quienes tanto aplauden a la militante saharaui deberían pensar en separar el apoyo a su causa del respaldo a su voluntad suicida.