El sindicato del inspector que autorizó pasar a Haidar desmiente la versión de Zapatero / Otros sindicatos añaden que «miente» y le acusan de «bajeza moral» Madrid

Sin concesión a la más mínima duda. «La orden para dejar entrar en España sin pasaporte a Aminatu Haidar vino de Madrid».

El Sindicato Profesional de Policía (SP), al que pertenece el inspector que autorizó la entrada de la activista saharaui, salió ayer al paso de la versión ofrecida por el presidente del Gobierno y su vicepresidenta De la Vega en la que descargaban en la Policía la responsabilidad de la llegada de Haidar.

Desde otros sindicatos como el SUP, se acusó al Ejecutivo de Zapatero de mentir e, incluso, de «bajeza moral» por culpar a los funcionarios de la frontera del inicio del caso.

Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como María Teresa Fernández de la Vega acusaron a la Policía de haber tomado la decisión de permitir la entrada de Aminatu Haidar sin el conocimiento del Ejecutivo.

La vicepresidenta del Gobierno atribuyó directamente a «la policía de fronteras» la autorización, el pasado 14 de noviembre, de la entrada sin pasaporte de la conocida defensora de los Derechos Humanos. De la Vega justificó su ingreso en territorio español porque «tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias».

Zapatero incidió en la misma idea y afirmó que «no hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a establecer autorizaciones o denegaciones de lo que es simplemente la aplicación de la ley, que corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión».

Sin embargo, hay tres factores que desmienten la versión ofrecida ayer por el Ejecutivo: la narración de los hechos de los policías que se encontraban el 14 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote, la denuncia que interpuso la propia Haidar ante la Policía y el relato de fuentes del Ministerio de Exteriores, que confesaron ante diversos periodistas que se produjo una llamada de Marruecos alertando a Miguel Ángel Moratinos de que la activista saharaui iba a ser expulsada.

Las fuentes policiales consultadas por EL MUNDO mostraron ayer su indignación por las palabras de De la Vega y aseguraron que Adolfo García Pinacho, el inspector de policía que autorizó la entrada de Haidar, recibió órdenes de la superioridad. «El Gobierno no puede escurrir el bulto y decir que nosotros de manera autónoma hemos dejado entrar a Haidar. Nosotros recibimos instrucciones del Poder Ejecutivo. Fueron órdenes de Madrid. Al policía se le ordenó que dejase entrar a una mujer marroquí que no tenía pasaporte», declararon desde el sindicato SP, al que pertenece el inspector.

La polémica por la entrada de Haidar en España reside en que se autorizó su ingreso en el país sólo con el permiso de residencia y sin el pasaporte, cuando este documento es preceptivo para todos los ciudadanos marroquíes.

El Gobierno se escuda en el artículo 25 de la Ley de Extranjería, que permite la entrada en el país sin los requisitos establecidos por «razones humanitarias», y en el artículo 63, que obliga a las compañías transportistas a aceptar a los ciudadanos que son devueltos. Sin embargo, las fuentes policiales consultadas argumentan que a todos los marroquíes se les exige el pasaporte para pisar territorio español y que el artículo 25 se utiliza de manera excepcional y sólo por orden gubernativa.

El relato de los hechos es el siguiente. Haidar aterrizó el pasado 13 de noviembre en el aeropuerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y al rellenar la ficha policial de entrada puso «saharaui» en el apartado de nacionalidad.

Tras ser sometida a un duro interrogatorio, los gendarmes marroquíes decidieron requisarle el pasaporte y embarcarle en un vuelo con destino a Lanzarote, cuando debería haber sido devuelta a Las Palmas, que fue el lugar de España del que partió. Nada más entrar en el avión de la compañía Canarias Aeronáutica, Haidar le comunicó al comandante que las autoridades marroquíes le habían arrebatado su pasaporte, que no quería viajar a España y que se encontraba indocumentada.

Tras conocer esta información, el piloto realizó varias llamadas y comunicó a los gendarmes marroquíes que no podía trasladar a Haidar porque no tenía pasaporte y podría ser multado por ello. Según la denuncia que interpuso Haidar en la comisaría, fue entonces cuando el comisario provincial marroquí se dirigió al comandante del avión y le espetó: «La tienes que llevar porque el Ministerio de Asuntos Exteriores está informado y ha dado su conformidad». Según la versión del Departamento que dirige Moratinos, ofrecida en un encuentro con los medios de comunicación, en esos tensos momentos en los que el piloto se resistía a volar se produjeron dos llamadas: una, al puesto fronterizo de Gran Canaria, y otra, a Moratinos.

En la primera llamada, se consultó con el puesto fronterizo de Las Palmas y se preguntó si la activista saharaui podía entrar en España. El oficial de la aduana comprobó que Haidar tenía tarjeta de residencia en España y dio el visto bueno a su entrada.

Minutos más tarde, se produjo una segunda llamada y el ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, comunicó a Moratinos que había decidido expulsar a Haidar. Fuentes de Exteriores explicaron que Moratinos mostró a su homólogo su «sorpresa» por la expulsión, que, finalmente, se llevó a cabo.

Las fuentes policiales consultadas por este diario aseveran que el inspector de policía del aeropuerto de Lanzarote también recibió dos llamadas: la primera, desde el puesto fronterizo de Las Palmas, que le informó de que iba a llegar una mujer que no tenía pasaporte. La segunda procedía de un mando de la Policía que también le alertó de que una marroquí iba a llegar, sin comunicarle su identidad, y que la dejase entrar en el país.

El SP y la CEP emitieron ayer un comunicado conjunto en el que arremeten contra el Gobierno y desvelan que fue la responsable policial en Canarias, la comsiaria Concepción de la Vega, «la que abortó el regreso de la activista prosaharaui el mismo día 14 en otro vuelo que salía esa misma tarde. Aludió a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un salvoconducto». El SUP acusó de mentir a Fernández de la Vega y de no enterarse a Zapatero, y tildó de «bajeza moral» y «actitud vergonzosa» que el Ejecutivo responsabilice a la Policía. «Lo que hubo en este caso fue una deportación y una detención ilegal hecha desde Marruecos con la complicidad del alguien desde España».

«Los marroquíes siempre necesitan para entrar el pasaporte y la tarjeta de residencia o el visado. Ningún policía va a dejar entrar a alguién sólo por razones humanitarias, si no recibe una orden. Si así lo hiciésemos, esto sería un coladero», manifestó el portavoz de la UFP, Alfredo Perdiguero.