TRAS varias semanas sin dar explicaciones, el Gobierno intentó ayer endosar a la Policía de frontera la entrada ilegal de Aminatu Haidar a Lanzarote. Zapatero y De la Vega defendieron que todo se hizo «conforme a la legalidad» – pese a que no disponía de pasaporte – y por «razones humanitarias». De entrada, es inadmisible que el Gobierno pretenda cargar con la responsabilidad a las Fuerzas de Seguridad cuando, según el relato de los hechos nunca desmentido, fue el ministro de Exteriores español, Moratinos, quien, tras recibir una llamada de su homólogo marroquí para informarle de la deportación de Haidar, accedió a su acogida en nuestro país. No hay duda, por tanto, de que se trató de una decisión política. Y así lo ratificaron ayer distintos sindicatos policiales, que aseguraron que en la aduana se recibieron «órdenes de Madrid» y acusaron a De la Vega de «bajeza moral» por querer escurrir el bulto. Pero, además, es insultante que el Gobierno esgrima el humanitarismo, cuando la activista saharaui se opuso al traslado y denunció sentirse víctima de «un secuestro». El Ejecutivo incumplió la Ley de Extranjería, ya que no se daban los supuestos de interés público ni de índole humanitaria para permitir la entrada de Haidar sin documentación. Y aquel grave error, por seguidismo de Marruecos, es el origen del problema actual. El Gobierno está obligado a dar explicaciones y a asumir sus responsabilidades, a las que ahora se suma esta intolerable ofensa a la profesionalidad de la Policía.