En el centro de internamiento de extranjeros de Valencia “se salvaguardan los derechos” de los inmigrantes . El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aludió ayer al acta de inspección que elaboró la fiscalía provincial de Valencia tras una visita a las instalaciones policiales de Zapadores el pasado mes de octubre para volver a rechazar las acusaciones de torturas a internos que lanzó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a partir de los testimonios recogidos en otra visita que los abogados de esta entidad humanitaria realizaron dos meses antes, en agosto de este año, en el marco de un estudio europeo.

El informe de la fiscalía no detectó situaciones de maltrato y recoge que se salvaguardan los derechos de los presos en los aspectos referidos a la existencia de intérpretes, a la asignación de abogado o la posibilidad de presentar quejas por escrito. Además, describe el “buen estado de las instalaciones” y la prestación de atención sanitaria, aunque admite la falta de asistente social y enfermeros la última mitad de año “por falta de medios económicos”.

Peralta insistió en que nunca hubo denuncias judiciales por los hechos e indicó que las acusaciones de maltratar a internos son “irresponsables” y “no se ajustan a la realidad”. Tampoco dio credibilidad a que distintos relatos transmitidos a CEAR apuntaran a un mismo agente como el supuesto agresor. “[Al conocer los hechos] se procedió, por parte del Ministerio de Interior, a comprobar la realidad de estos actos y no se constató ninguno de ellos”, indicó.