DE muy preocupante debe calificarse la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que ya lleva 26 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Haidar fue expulsada de Marruecos el 13 de noviembre a su regreso de un viaje a Nueva York al negarse a rellenar los documentos oficiales de entrada al país en los términos exigidos por las autoridades de Rabat. Hasta ahora, la activista ha rechazado todas las propuestas del Gobierno español, incluido el estatuto de asilo. Este caso, con diversas ramificaciones diplomáticas, se ha ido complicando, en medio de una creciente sensibilización de la opinión pública española, liderada por conocidos artistas e intelectuales que apoyan las reivindicaciones de esta mujer de 42 años, abanderada de la causa de la población del Sáhara Occidental.

El escenario no es fácil para el Ejecutivo. Marruecos es un vecino prioritario de España y el mantenimiento de las buenas relaciones con los marroquíes constituye un objetivo de primer nivel. Cuestiones como la inmigración, la lucha antiterrorista contra grupos islamistas, las relaciones comerciales y las ciudades de Ceuta y Melilla forman parte de una delicada agenda de intereses que Madrid trata de mantener fuera de las turbulencias políticas. La huelga de hambre de Aminatu Haidar amenaza con enturbiar y enfriar las relaciones entre ambos países, y tampoco han faltado las advertencias de algún ministro marroquí sobre las graves consecuencias que puede tener este episodio.

Ante este cuadro, y a pesar de la posición inflexible de la activista saharaui y de las palabras intransigentes del Gobierno de Marruecos, las autoridades españolas deben impedir, sobre todo, males mayores. Mientras se buscan salidas plausibles, debe hacerse todo lo posible para que el estado de salud de la huelguista no entre en una zona irreversible de riesgo. No se comprendería que los poderes públicos de la España democrática permitieran un desenlace fatal, extremo que – por otro lado-transformaría este pequeño conflicto en un acontecimiento de otra magnitud, y fuera de control tanto de las previsiones españolas como de las marroquíes.

Es momento de explorar a fondo todos los resquicios de la legalidad para facilitar una pronta resolución, sin derivas extremas ni dramáticas. En este sentido, no debe descartarse ninguna vía diplomática, incluida la mediación del Rey ante el monarca alauí, como han solicitado varias figuras de la cultura española. La intensa labor que está desarrollando Exteriores en varios frentes también debería empezar a dar frutos, siempre que Haidar y las autoridades marroquíes expresen alguna voluntad de aproximar posturas.

Es obvio que estrechar los lazos de cooperación y buena vecindad con Marruecos es imprescindible, y ello debe ser explicado a una opinión pública que, por razones históricas y culturales, siente una respetable simpatía por la causa del pueblo saharaui. No obstante, y a raíz de ciertos tonos desabridos usados por Rabat en esta crisis, debemos preguntarnos si el Ejecutivo español está obligado siempre a ceder ante las demandas del Gobierno marroquí, o si es posible la construcción de un diálogo más firme, más franco y menos asimétrico entre ambos estados. Haidar es responsable de su protesta, pero el Gobierno, tal como han ido las cosas, no puede desentenderse de la suerte de esta mujer, pues las consecuencias de sus actos van más allá de su legítimo derecho a buscar eco para su causa.