TRAS el accidente, los agentes le pidieron que se sometiera al control de alcoholemia, le informaron sobre sus derechos y también de las consecuencias de no hacerlo. Pero lo hicieron en castellano y no en ucraniano, el idioma del conductor, por lo que el juez ha entendido que se vulneraron sus derechos de defensa y lo ha absuelto de los delitos de conducción en estado de embriaguez y de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.
Le pedían 8 meses de prisión, sustituibles por la expulsión del país, ya que se encontraba en situación irregular; 3 años de retirada del carné y 2.400 euros de multa. El fallo es recurrible.

Los hechos ocurrieron la medianoche del 29 de enero del año pasado, cuando el acusado se salió con su coche de la rotonda situada entre las calles Río Ega y Buenaventura Íñiguez de Pamplona, ocasionando daños en la señalización por valor de 87 euros, y también en su vehículo, que se incendió y quedó inutilizado.

La titular del Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona considera que no ha quedado acreditado que se cumplieran las exigencias de información previas al sometimiento a la etilometría ni las relativas a la detención e imputación de delitos, tal y como se establece en la Constitución. “Y ello porque se ha prescindido totalmente de intérprete en la lengua del acusado, que en modo alguno se ha acreditado que conociera la lengua española de forma que pudiera comprender adecuadamente sus derechos y obligaciones, así como las acusaciones que se le formulaban”. La magistrada resalta que incluso el alfabeto ucraniano es distinto al español, y que el acusado alegó “en todo momento que no comprendía el español ni con exactitud lo que le manifestaban los agentes”. Además, sigue el fallo, el acusado pidió un abogado de oficio, “y pese a mantenerle más de 12 horas detenido no se avisó al letrado”, vulnerándose nuevamente el derecho de defensa del acusado.

Los agentes manifestaron en el juicio que el acusado entendía castellano, pero la juez no considera que de sus manifestaciones quedara acreditado que entendía el español. “Cuando se les pregunta – a los policías – si contestaba sólo con monosílabos o si hablaba normalmente, algunos de los agentes no recuerdan su manera de contestar, no efectuaron tampoco la diligencia de signos externos, mientras que uno de los agentes manifiesta que al acusado no se le podía entender por el fuerte estado de embriaguez”.

Así, la juez concluye que por la irregularidad en la información de los derechos y obligaciones, la vulneración del derecho a ser asistido por un intérprete al tratarse de un extranjero que no conoce adecuadamente el español, unido que no se avisó a un abogado de oficio, pese a constar que había sido solicitado, “se ha vulnerado el derecho de defensa, que no pudo ejercitarlo desde el primer momento”, por lo que dicta sentencia absolutoria.