Una abogada y un empresario de Vizcaya han sido condenados por estafar a siete inmigrantes al exigirles sumas de dinero a cambio de falsas promesas de regularizar su situación legal. La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz, hizo ayer pública la sentencia firme, que condena a cada uno de los acusados a 15 meses de prisión eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante 15 meses y de la responsabilidad civil de 1.200 euros a tres de los siete trabajadores estafados. La letrada queda además inhabilitada para el ejercicio profesional durante seis meses.

Según el fallo, la abogada y el empresario, aprovechando el proceso de regularización de inmigrantes de 2005, se pusieron de acuerdo para enriquecerse solicitando entregas de dinero a personas en situación irregular con las que contactaban ofreciéndoles un trabajo. Los acusados prometían falsamente la consecución del permiso de residencia y trabajo mediante la presentación ante la autoridad competente de una oferta de empleo. Para ello, el procesado constituyó una empresa que carecía de actividad real. Esta era un requisito previo para la regularización de los extranjeros. La cantidad mínima solicitada por persona era 1.200 euros.