Barakaldo. La familia de etnia gitana que la pasada primavera fue realojada en una vivienda protegida de La Arboleda ante las airadas protestas de decenas de vecinos parece no encontrarse a gusto en su nuevo destino. Seis meses después de entrar a vivir a su nueva casa, el matrimonio denunció ayer sentirse todavía acosado por los vecinos. Por eso, ante este clima tan “complicado”, ha decidido iniciar la tramitación de un cambio de piso y así poder llevar una vida “normal” fuera de la zona alta de Trapagaran.

“Me gustaría cambiarme y salir de jaleos porque están continuamente amargándonos la vida y de ahí no salen”, manifestó ayer la madre, Laura Jiménez, a la salida del Juzgado de Barakaldo. Ella y su marido acudieron ayer a prestar declaración ante el juez sobre los acontecimientos que se vivieron en La Arboleda entre los meses de marzo y mayo para estudiar si pudieran ser constitutivos de un presunto delito de acoso inmobiliario. La familia se encontró la puerta de su casa tapiada en varias ocasiones y tuvo que acceder a su piso escoltada por la Ertzaintza debido a la exaltación de los residentes, que rechazaban su llegada por su presunta conflictividad.

El portavoz del Consejo Social para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, Vicente Gil, matizó que el cambio de domicilio estaría motivado exclusivamente por el “entorno difícil” en el que están viviendo actualmente, puesto que la adaptación a la vivienda, tal como manifestó, ha sido “buena”. “Pensábamos que con el tiempo la situación tendría que apaciguarse pero vemos que no, que hay gente ahí arriba que el odio lo va a tener de por vida”, manifestó.

Aunque según su testimonio el clima de convivencia “no es tan insostenible como antes”, sí subrayó que sigue siendo “difícil”. En este sentido, añadió que a pesar de que la asociación de vecinos no esté secundando ningún tipo de acción en contra de la familia “para hacer ver al juez o al fiscal que la situación está calmada”, desde su punto de vista “el ambiente está muy caldeado”. “En más de una ocasión les han insultado en la calle y se han dirigido a ellos de manera despectiva”, denunció el representante gitano. Laura, por su parte, recriminó que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue habiendo concentraciones en contra del realojo.

La familia explicó que “por seguridad” ha decidido no matricular a sus hijos en el colegio del barrio, de modo que sigue llevándolos a Sestao. La madre reveló que la convivencia está resultando tan complicada en la localidad que incluso las personas que tratan de relacionarse con ellos y apoyarles se acaban ganando también la enemistad del barrio: “Les dicen que se han pasado de bando y les amenazan y presionan, como a nosotros”. Debido a todo este contexto, la madre reconoció que salen “poco” de casa y que se encuentra mal de ánimos.

Vicente Gil indicó que el caso de esta familia se ha convertido en el “referente” de todo el Consejo Gitano, que sigue apoyándola “no solo a través de declaraciones sino también llevando su caso a la comisión de Derechos Humanos del Gobierno Vasco para explicar cómo estaban viviendo”.

El Ayuntamiento de Sestao, municipio de origen del matrimonio y sus hijos, explicó que el cambio de vivienda debe ser tramitado en el Gobierno vasco, puesto que el campo de acción de la sociedad Sestao Berri finalizó con la gestión del realojo en el piso de La Arboleda.