«Si me hubiesen metido en la cárcel por robar, por vender droga o por hacer algo que hubiese dañado mi reputación, me habría sentido mal conmigo mismo. Pero estoy tranquilo porque no hice nada malo a nadie. Sólo estaba trabajando para vivir». Alaji Mbengue tiene la conciencia muy tranquila. Los cuatro meses y medio que ha pasado en la prisión de Basauri no le han hecho cambiar su visión de lo que pasó en Torrelavega hace ya dos veranos. Aquel día, fue detenido en la localidad cántabra cuando portaba una mochila con un centenar de cedés y DVDs, ropa y algo de dinero. Para la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), este tipo de piratería constituye un delito contra la propiedad intelectual que resulta necesario perseguir. Para Alaji, en cambio, la venta ambulante era una de las pocas salidas que le quedaban para poder conseguir algo de dinero y seguir pagando el alquiler a final de mes. «Los cedés no valen nada. Nadie con trabajo vendería cedés. Pero sin papeles no se puede conseguir trabajo», explica este joven senegalés aficando en Bilbao.

Alaji formó parte hasta la pasada semana del centenar de personas que, en estos momentos, se encuentran presas por el mismo delito, castigado en el Código Penal con penas de cárcel que van desde los seis meses a los dos años de duración. A diferencia de muchos otros, su caso no pasó desapercibido. Sobre todo, gracias a las protestas que encabezaron en la capital vizcaína los propios vendedores ambulantes, que contaron con el respaldo de la plataforma que trabaja por la integración de los inmigrantes, Mbolo Moye Doole. El calor recibido y los mensajes de apoyo cosechados no sirvieron para rebajarle la condena. Él, en todo caso, los agradece profundamente. Y, por eso, haciendo un esfuerzo por vencer su timidez, se ofrece a relatar su historia en una conversación con EL CORREO. Sobretodo, porque le gustaría poder ayudar a algún compañero que se encuentre en una situación similar a la suya.

Alaji, el mayor de siete hermanos, apenas tenía 18 años cuando llegó a las islas Canarias después de un largo trayecto en patera que es «mejor olvidar». Nacido en un pequeño pueblo rural del centro de Senegal, este joven «nunca» se había planteado la posibilidad de emigrar a Europa. Pero todo cambió cuando, nada más conseguir la licencia de conducir, viajó a Mauritania tratando de hacerse con un trabajo de chófer. Un buen día, mientras esperaba la oportunidad laboral y sin pensarlo demasiado, Alaji se embarcó en un bote rumbo a Canarias. Antes de llegar a la costa, su bote fue interceptado por una patrulla de la Policía. Tras pasar unos pocos días retenido en las islas, fue enviado a Málaga.

«Sensibilidad» de la SGAE

Semanas después, Alaji recaló en Bilbao, donde viven algunos de sus familiares. En la capital vizcaína, sin papeles y sin apenas entender el castellano, comenzó a trabajar de vendedor ambulante. No llevaba ni un año en España cuando fue detenido en Torrelavega. Un juzgado de lo Penal de Santander le condenó a seis meses de prisión, a pagar 900 euros de multa y a indemnizar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con casi 680 euros.

Pese a carecer de antecedentes penales, Alaji acabó en prisión después de que la misma instancia judicial ordenase su ingreso al entender que existía riesgo de fuga. El mal trago, en todo caso, no le ha cambiado. De convicciones religiosas, está seguro de que todo lo que sucede en su vida forma parte de su «destino» y cree que no sirve de mucho darle demasiadas vueltas a la cabeza. Lo que le molesta es haber pasado más de cuatro meses de privación de libertad por dedicarse a vender, cuando es una profesión que no le gusta «nada».

Su puesta en libertad, sin embargo, no significa librarse de pagar la multa que le fue impuesta. Si no lo hace, corre el riesgo de volver a ser enviado a prisión. La asociación Mbolo Moye Doole ha pedido «sensibilidad» a la SGAE y que renuncie a la indemnización de casi 680 euros. También hacen un llamamiento a la ciudadanía, y en especial a los artistas, para pagar de forma conjunta estas multas, de modo que vendedores como Alaki no tengan que entrar en prisión.

El joven senegalés, mientras tanto, no tiene «miedo de nada». Una vez recuperada la libertad, sólo piensa en descansar unos días en casa y en centrarse en el curso de soldadura que acaba de empezar. Lo que tiene claro es que no piensa volver a vender cedés en la calle. De hecho, no los quiere ver «ni en la televisión». Pero ahí se le plantea un problema. «¿Cómo va a conseguir pagar la multa y la indemnización a la vez que se le niega el derecho a trabajar?», se preguntan desde Mbolo Moye Doole.