La Plataforma Canaria contra la Reforma de la Ley de Extranjería alertó ayer de que el nuevo documento aprobado en el Congreso de los Diputados “es una oportunidad perdida y un paso atrás para establecer un marco de derechos de las personas inmigrantes ” y contempla una “diferencia de trato entre los menores extranjeros y los autóctonos”.

Uno de los portavoces de la plataforma en Gran Canaria, Juan Moreno, destacó que es la tercera Ley de Extranjería en una década en “un contexto de involución de la normativa referida a derechos humanos”, de tal forma que entiende que “se da prioridad a la economía en detrimento de los derechos y libertades de las personas”.

El periodista y miembro del colectivo, Pepe Naranjo, hizo hincapié en que el incremento de la retención en los centros de internamiento de los 40 días actuales a los 60 días es el principal desacuerdo con la reforma, ya que lo consideran “desproporcionado e innecesario y radicalmente contrario a los derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Indicó que se ha introducido “el concepto indeterminado del esfuerzo de integración, a valorar por las comunidades, como requisito para las renovaciones de los permisos, como si éste fuera un proceso unilateral de los inmigrantes , en la línea de las propuestas más reaccionarias que empezaron hace unos años reclamando la introducción de los contratos de integración”.