La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, confió ayer en que los centros de emergencia para menores inmigrantes no acompañados puedan cerrarse en diciembre de 2010 y sea el “fin” del fenómeno de la inmigración clandestina infantil en Canarias.

La consejera, en una rueda de prensa para valorar la nueva Ley de Extranjería, estimó que a finales del próximo año, si siguen sin llegar menores africanos a las costas canarias, habrá unos 120 niños en los dos centros de emergencia abiertos en Gran Canaria y Tenerife que podrían ser trasladados a hogares tutelados.

Rojas señaló que Canarias tiene bajo su tutela a 1.037 menores inmigrantes, cifra que llegaba a los 1.500 el pasado verano, pero que, al cumplir muchos de ellos la mayoría de edad, se ha rebajado en estos meses.

Recordó que de los mil niños que están bajo la tutela de las Islas, unos 300 han sido trasladados a centros de la Península, cuya tutela con la nueva ley pasará a depender de las comunidades que los acogen, una situación que ha costado mucho conseguir.

Subrayó que Canarias ha conseguido demostrar el vacío legal que existía sobre estos niños, ahora regulado en los apartados, 2, 11 y 12 del artículo 35 de la ley.

Subrayó que ahora se inicia otra etapa “muy prometedora”, que dependerá de cómo se desarrolle el reglamento de la ley, que, entre otras cuestiones, deberá regular la distribución de los menores, que es a su juicio es la parte más importante y sobre la que Canarias puede aportar su experiencia.

Destacó que a partir de ahora es el Estado quien sufraga el mantenimiento de los chicos, y se corrije la discriminación económica que sufría Canarias respecto a las comunidades que acogían a los menores hasta la llegada del ministro de Trabajo Celestino Corbacho.