El PNV retiró su apoyo a la Ley de Extranjería aprobada ayer por el pleno del Congreso al no aceptarse su enmienda, en la que reclamaba un «reparto equilibrado» de cupos de menores extranjeros no acompañados en función de los habitantes de cada comunidad autónoma. El diputado Emilio Olabarria mostró su «total enfado y rechazo» al Grupo Socialista por tumbar la iniciativa jeltzale. «Retiramos la confianza que dimos al Gobierno esperando que prosperara nuestra enmienda», dijo.
Olabarria consideró «extremadamente grave» lo ocurrido en el pleno ya que su propuesta «sólo busca un reparto justo para poder atender a los menores extranjeros no acompañados como se merecen, bajo criterios de eficacia». El representante del PNV volvió a denunciar que la actual distribución de los adolescentes extranjeros es «absolutamente desproporcionada»: mientras Euskadi y Cataluña acogen a más de 700 cada una, Madrid sólo mantiene a 120, Valencia no llega al centenar y en La Rioja no hay ninguno.
El cambio de postura del PNV que ha rechazado el texto legal en el último trámite previo a su aprobación, tras votar a favor en anteriores ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado sorprendió al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que calificó de «ilógica» su actitud. «No deja de ser sorprendente que por una enmienda hayan tenido que hacer un cambio tan radical en el voto», apuntó Corbacho. «Los niños no son mercancías. No podemos ponerle una condición y decir ‘yo voy a tener tantos niños en función del número de habitantes y, por tanto, me sobran tres y mañana los pongo en el autocar y los envío a otra’», consideró.
El diputado del PSE Óscar Seco fue aún más duro al calificar la enmienda peneuvista de «aberrante», por contener «gravísimos obstáculos jurídicos, carecer de principios e incluir serias complicaciones prácticas». «Es alarmantemente conservadora e insolidaria», dijo.
Además del PNV, también el PP e IU-ICV-ERC se opusieron a ley, que salió adelante con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria. La nueva normativa amplía a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de su expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías y endurece las sanciones por promover la inmigración irregular.
Normativa «excluyente»
El portavoz del PP en esta materia, Antonio Hernando, criticó que una reforma de este calado haya salido adelante sin llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición. «Nos han excluido; han preferido un acuerdo minimalista, un mal acuerdo, que un gran pacto», dijo Hernando, que definió la ley como «arbitraria, excluyente y acompañada de un presupuesto mezquino, que va a incidir en la falta de integración». IU-ICV-ERC justificó el voto negativo por su desacuerdo con la ampliación a 60 días del plazo de internamiento, la «innecesaria» restricción de la reagrupación familiar y la falta de referencias al derecho al voto de los inmigrantes.